Durante la Asamblea Plenaria de Otoño de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB), los prelados difundieron un video-mensaje oficial en el que expresan su preocupación por la situación migratoria del país y por lo que describen como un creciente “clima de miedo y ansiedad” entre las comunidades inmigrantes.
En la grabación —aprobada por más del 95% del episcopado— los obispos señalan que están “perturbados” por la retórica pública que, a su juicio, “vilipendia a los inmigrantes”. Lamentan además las condiciones en algunos centros de detención, la pérdida arbitraria de estatus legal de ciertas personas y el temor de padres que evitan llevar a sus hijos a la escuela por miedo a ser detenidos.
El mensaje insiste en que la Iglesia está unida al sufrimiento de los inmigrantes y recuerda que generaciones de ellos han contribuido al bienestar del país. Afirmando que “la dignidad humana y la seguridad nacional no están en conflicto”, los obispos piden una reforma migratoria significativa, vías legales más seguras y el rechazo a lo que califican como “deportaciones masivas indiscriminadas”.
El video apela a la enseñanza bíblica —con referencias al Buen Samaritano y al mandato de Jesús de amar al prójimo— para subrayar la obligación cristiana de acompañar al extranjero y proteger al vulnerable. En ese sentido, los obispos aseguran a los inmigrantes: “No están solos”, agradeciendo el trabajo de sacerdotes, religiosos y laicos que ya ayudan en sus necesidades básicas.
Un agente fronterizo critica el mensaje episcopal y advierte que puede fomentar la inmigración ilegal
Mientras los obispos llamaban a la compasión, la reacción del sector encargado de la seguridad fronteriza fue inmediata. Según informó Catholic News Agency, el “zar de la frontera” y exdirector de ICE, Tom Homan, criticó duramente el mensaje y afirmó que la Iglesia está “equivocada”.
Homan —católico practicante— advirtió en una entrevista con EWTN que el mensaje episcopal podría enviar al mundo un mensaje peligroso: que cruzar ilegalmente no tiene consecuencias y que las deportaciones judicialmente ordenadas no se aplicarían. Según sus palabras, este enfoque incentivaría a más personas a emprender viajes mortales y expondría tanto a migrantes como a ciudadanos estadounidenses a mayores riesgos.
El funcionario recordó que durante la relajación del control fronterizo en años anteriores más de 4.000 migrantes fallecieron en la travesía, y que la crisis migratoria ha estado vinculada al ingreso masivo de fentanilo en el país. Recalcó que “las fronteras seguras salvan vidas” y que aplicar la ley es una forma de proteger tanto al migrante como a la nación receptora.
Aunque los obispos mencionaron en su propio mensaje la necesidad de “regular las fronteras” como deber del Estado, Homan considera que su postura pública es insuficiente y contribuye a la confusión en un momento de crisis.
Dignidad humana, legalidad y bien común
El contraste entre el mensaje pastoral de los obispos y la reacción del sector encargado de la seguridad fronteriza pone de manifiesto un desafío que no puede ignorarse: la defensa de la dignidad humana debe ir unida a la responsabilidad de mantener un orden justo. Toda persona, independientemente de su origen o estatus migratorio, merece un trato digno. Esa afirmación es irrenunciable y forma parte del corazón mismo de la fe cristiana.
Sin embargo, la dignidad no anula la realidad de que un país tiene el deber moral y cívico de proteger sus fronteras, garantizar la seguridad de sus ciudadanos y preservar su estabilidad interna. La compasión no puede convertirse en permisividad, del mismo modo que la firmeza de la ley no debe degenerar en deshumanización. Las dos dimensiones —misericordia y justicia— deben sostenerse mutuamente para que el bien común sea posible.