El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha matriculado a su hija pequeña, Carlota, en la ESIC University, una universidad privada católica ubicada en Pozuelo de Alarcón (Madrid). Según informaron diversos medios, la joven cursa el doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Marketing en inglés. Se trata de una institución dirigida por los Padres Reparadores o conocidos también como los dehonianos.
El hecho no sería noticioso si no fuera porque el propio Sánchez encabeza una ofensiva ideológica contra la educación libre y de inspiración cristiana. Su Gobierno ha promovido leyes y decretos que restringen el crecimiento de las universidades privadas, han golpeado a la escuela concertada y eliminado la financiación pública de los colegios que separan por sexos, muchos de ellos católicos. Mientras se señala desde La Moncloa a los centros religiosos como “elitistas”, la familia del presidente confía su propia formación precisamente a ellos.
Una política que predica la igualdad pero practica el privilegio
El contraste entre el discurso y la realidad es evidente. La Ley Celaá y el reciente decreto sobre universidades privadas nacieron con la retórica de la “igualdad social”, pero su aplicación ha significado una limitación práctica de la libertad de enseñanza. Bajo el pretexto de combatir los “chiringuitos universitarios”, el Ejecutivo ha impuesto requisitos casi imposibles de cumplir para los centros independientes: un mínimo de 4.500 alumnos, 10 grados, seis másteres y tres doctorados, además de un aval económico equivalente al presupuesto del tercer año.
Curiosamente, ni siquiera ESIC University —el centro donde estudia la hija del presidente— cumple hoy esas condiciones. Y, sin embargo, es allí donde Sánchez deposita la confianza educativa de su familia. En otras palabras, el mismo modelo que su Gobierno intenta asfixiar es el que él mismo elige cuando se trata de los suyos.
La educación católica, baluarte de libertad y de verdad
Durante décadas, los colegios y universidades de inspiración cristiana han sido semilleros de formación humana, intelectual y moral. Su existencia garantiza la pluralidad educativa y el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones. Atacar ese modelo, como ha hecho el socialismo en los últimos años, no es promover igualdad, sino imponer un pensamiento único estatal que niega la libertad y margina a la Iglesia del espacio público.
La incoherencia de Sánchez es, en el fondo, una confesión involuntaria de que la educación católica sigue siendo importante. Si los mismos que la atacan la eligen para sus hijos, es porque reconocen su calidad, su exigencia y su compromiso con los valores que el sistema público ha abandonado.
El fondo del asunto: un ataque ideológico a la libertad
En el fondo, la contradicción del presidente revela algo más profundo: el desprecio de la izquierda por la libertad de educación y, en último término, por la influencia moral de la Iglesia en la sociedad. Lo que molesta no es el éxito académico de los colegios católicos, sino su fidelidad a una visión del hombre y de la vida que choca con el relativismo dominante.
La fe, la familia y la libertad educativa son pilares inseparables. Cuando un Gobierno combate cualquiera de ellos, termina atentando contra todos. La Iglesia, con sus centros docentes, no impone: propone. Y lo hace desde una convicción que ni los decretos ni la ideología podrán borrar: que el hombre, creado a imagen de Dios, tiene derecho a la verdad y a una educación conforme a ella.