El Gobierno de Andorra y la Santa Sede mantuvieron este miércoles 22 de octubre en el Vaticano una nueva reunión dentro del proceso de diálogo institucional sobre la posible despenalización del aborto en el Principado. El encuentro reunió al jefe de Gobierno, Xavier Espot, al ministro de Relaciones Institucionales, Ladislau Baró, y al embajador ante la Santa Sede, Carles Álvarez, con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado vaticano.
Ambas partes reafirmaron su “compromiso compartido” para seguir trabajando de manera constructiva con el objetivo de elaborar en los próximos meses una propuesta de texto legislativo. Según el comunicado oficial, el asunto presenta una “gran complejidad jurídica, institucional y social”, y requiere un desarrollo técnico “acurado”, es decir, cuidadoso y minucioso.
El Gobierno de Andorra y la Santa Sede expresaron su deseo de “encontrar una solución que permita compatibilizar el mantenimiento de la estructura institucional del país y el avance en el reconocimiento de los derechos de las mujeres”.
El trasfondo: un país católico ante una ley imposible
La situación en Andorra no es una simple cuestión administrativa. El copríncipe episcopal, el Obispo de Urgell, ejerce funciones constitucionales que lo obligarían a sancionar cualquier ley aprobada por el Consejo General, incluida una que despenalice el aborto. Esa paradoja convierte el debate en un dilema moral: o se preserva el marco constitucional, o se sacrifica el principio de la defensa de la vida que el propio Vaticano considera innegociable.
Y ahí está el nudo: Roma participa del diálogo, pero sin decir claramente que el aborto no admite “compatibilidades”. Se habla de “equilibrio”, de “estructuras institucionales”, de “complejidad social”, como si el derecho a la vida dependiera del diseño constitucional de un microestado.
Cuando el lenguaje sustituye a la doctrina
En su visita de 2023, el cardenal Parolin ya había calificado el tema como “muy delicado” y “muy complejo”, insistiendo en afrontarlo con “discreción y sabiduría”. Expresiones elegantes, sin duda, pero que en la práctica suenan a evasión teológica con diplomacia de terciopelo. Porque cuando un asunto implica la legalización del aborto, lo que se espera del primer colaborador del Papa no es discreción, sino definición.
La Santa Sede, fiel a su estilo reciente, se refugia en el diálogo, como si el diálogo en sí mismo fuera una virtud teologal. Pero el diálogo sin verdad acaba siendo el arte de hablar mucho para no decir nada. Y en este caso, el riesgo no es semántico, sino moral: que la defensa de la vida se disuelva en comunicados cuidadosamente redactados para que nadie se ofenda.
La paradoja de la “compatibilidad”
El comunicado andorrano concluye hablando de una “solución compatible” entre la estructura del Estado y el reconocimiento de los derechos de las mujeres. En otras palabras: una ley que permita el aborto sin que el obispo parezca aprobarlo. Una cuadratura del círculo jurídico que quizás satisfaga a los diplomáticos, pero deja en evidencia una contradicción fundamental: no puede haber compatibilidad entre el derecho a matar y el derecho a vivir.
El aborto no se vuelve aceptable porque se regule con “complejidad técnica” ni porque el Vaticano lo acompañe con prudencia verbal. Y mientras se buscan “fórmulas compatibles”, la incoherencia crece: un país oficialmente católico intenta legalizar el aborto con la mediación silenciosa de quienes deberían recordarle, con caridad pero con firmeza, que la vida no se negocia.