Por Christopher R. Altieri
El melodrama-en-letras completamente desagradable que se desarrolla ante nuestros ojos debe detenerse. El Papa Francisco tiene el poder de detenerlo. Debería ordenar que el arzobispo Carlo Maria Viganò sea juzgado en un tribunal eclesiástico abierto, por los delitos de difamación y violación del secreto pontificio.
La base fáctica del caso en su contra es “prima facie”: publicó acusaciones de herejía, conspiración y torpeza moral contra varios prelados de alto rango. Que lo haya hecho sabiendo muy bien que dañaría su reputación no puede dudarse. De hecho, era parte de su diseño.
El arzobispo Viganò creó dificultades para sí mismo con varios cargos intemperados que presentó en su primer «testimonio», y agravó esas dificultades cuando lanzó una segunda carta el fin de semana pasado. En ella, no solo admitió haber violado el secreto pontificio, sino que también repitió un cargo publicado por primera vez en un informe de “Life Site News”, de que el Papa Francisco anuló una investigación sobre las denuncias de conducta sexual indebida contra el fallecido cardenal inglés Cormac Murphy-O Connor.
Los reportajes subsiguientes de “The Catholic Herald” y “The Tablet” sugieren una secuencia de eventos muy diferentes, y tal vez menos nefarios, de lo que indicó inicialmente el informe “Life Site”.
Repetir lo que dice en los periódicos no es un delito, pero agregar una noticia de ruptura, y no confirmada, no ayudó a disipar las preocupaciones sobre la pureza de los motivos del Arzobispo Viganò o la credibilidad de su «testimonio».
Además, el medio de noticias en cuestión tenía la historia de otro reportero, Marco Tosatti, que participó en el lanzamiento coordinado de la carta original de Viganò.
Sin duda, la historia de Murphy-O’Connor se está desarrollando simultáneamente con todo esto, y podrían surgir más detalles que pueden llegar corroborar cualquiera de las diversas versiones en juego, o ninguna de ellas.
La Santa Sede podría poner fin a toda la especulación, liberando la documentación pertinente, que el Papa podría hacer en interés de la misma transparencia por la que ha llamado repetidamente, a menudo de manera bastante elocuente, como parte integral del remedio para la gangrena en la cultura clerical y jerárquica.
Y en cualquier caso, la verdad es una defensa contra la calumnia, y se necesita desesperadamente, dada la gravedad de las acusaciones que Viganò ha hecho y de la crisis que asola a la Iglesia hasta los más altos niveles de gobierno. Si pudiera establecer que sus alegaciones son correctas, la verdad de su testimonio también se establecería, y la razonabilidad de sus violaciones del secreto pontificio no podría ser refutada. Esa es razón suficiente para que él quiera un juicio.
También es razón suficiente para que algunos deseen no intentarlo.
Un juicio penal público le daría al Arzobispo Viganò acceso a los medios: exigir la liberación de documentos, el enfrentamiento directo de los testigos y un proceso justo y ordenado, con el cual defender su caso. Los juicios canónicos, sin embargo, suelen ser asuntos documentales, realizados en secreto. Esa práctica es inadecuada ahora, si es que alguna vez lo fue, y debe cambiar si la transparencia es realmente uno de los objetivos del Papa.
La administración de justicia es una tarea principal del gobierno. La legitimidad de cualquier gobierno se mide en gran medida por el desempeño de esta responsabilidad. Tales procedimientos deben ser significativamente públicos. En pocas palabras, la justicia debe ser vista para hacerse.
En este caso, la «parte interesada» es, primero, el cuerpo completo de los fieles católicos. En verdad, todos los que tienen derecho al Evangelio, por lo tanto a la Iglesia como Cristo la quiere, tienen interés en la administración de justicia de la Iglesia. Uno podría esperar que esto sea lo que los niños llaman un «pan comido», algo evidente.
El ejemplo más reciente y notorio en el que se ha visto que no se ha hecho justicia es, posiblemente, el caso del arzobispo Anthony Apuron, el ex líder deshonrado de la Iglesia en el territorio estadounidense de Guam. En 2017, después de años de quejas, una comisión judicial del Vaticano lo investigó y lo juzgó. El tribunal, dirigido por el cardenal Raymond Burke, encontró a Apuron culpable de dos cargos de los seis con los que había sido acusado.
Sabemos que el sobrino de Apuron afirma que sufrió abusos sexuales a manos de su tío. Eso habría sido en 1989 o 1990, en una reunión familiar. Apuron también estuvo presuntamente involucrado en varios otros escándalos: negocios inmobiliarios a la sombra; tráfico de influencias; abuso de oficio; mala gestión financiera y mala educación, todo ello en un contexto de «tensiones familiares» en una isla donde todos están relacionados de alguna manera con casi todos los demás.
Sin embargo, la mayoría del resto son conjeturas, ya que el Vaticano nunca publicó la lista de cargos y esperó más de un año para anunciar el veredicto. Fue absuelto de algunos cargos, declarado culpable de otros. Luego, casi dos meses después del anuncio del veredicto dividido, Apuron apareció en un escenario con el Papa Francisco para una importante reunión internacional en el parque “Tor Vergata” de Roma.
No hace falta decir que las apuestas aquí son mucho, mucho más altas.
El Vaticano no puede convocar otra cámara estelar para juzgar al arzobispo Viganò. Cuanto más tiempo quede para languidecer, más intenso será el escrutinio del Papa y el Vaticano por parte de la prensa. Y luego están las autoridades seculares realizando sus propias investigaciones. Algo dará, eventualmente. La verdad saldrá. La ventana de oportunidad para que el Papa y el Vaticano salgan al frente de esta creciente crisis, y no solo en los Estados Unidos, se está cerrando rápidamente.
Acerca del autor:
Christopher R. Altieri es periodista, escritor y editor con base en Roma, Italia. Pasó más de una docena de años en el mostrador de noticias de Radio Vaticano. Tiene un doctorado en la “Pontifical Gregorian University”, y es el autor de “The Soul of a Nation: America as a Tradition of Inquiry and Nationhood”.
No van a hacer juicio en contra de Viganó ni van a publicar documentos que demuestra que miente, porque no miente ni el tonto ni imbécil. Este artículo no sirve de nada y lo he visto ya en inglés. El autor no es canonista y lo que dice no vale.