La política que prohíbe las detenciones por razones migratorias en lo que se consideran “áreas protegidas” también impide la detención de estos inmigrantes en hospitales, escuelas e incluso funerales y bodas, o cerca de dichos lugares.
El 28 de diciembre, 10 líderes religiosos de Arizona — entre ellos los obispos católicos Edward J. Weisenburger, de Tucson, y John P. Dolan, de Phoenix — expresaron por escrito sus preocupaciones en una columna de opinión publicada en el Arizona Republic, el periódico más importante del estado.
“Nos preocupan especialmente los métodos de detención y deportación que podrían incluir redadas en iglesias, lugares de culto, hospitales, escuelas y otros lugares relacionados con la satisfacción de las necesidades humanas básicas”, decía en parte la columna. “Consideramos inaceptable que las personas indocumentadas puedan ser intimidadas para que no acudan a una iglesia y ejerzan así su derecho a la práctica de la religión”.
En otros comentarios enviados por correo electrónico a OSV News el 30 de diciembre, el obispo Weisenburger dijo: “Los 10 obispos firmantes de Arizona — o los líderes religiosos equivalentes — reconocen el derecho de nuestra nación a una aplicación humana y legal de las leyes de inmigración. Sin embargo, también reconocemos que no se debe amenazar con o emprender esfuerzos para aplicar la ley de inmigración que violan los derechos humanos básicos, o la Constitución de nuestra nación”.
“Los fundadores de nuestra nación reconocieron el ejercicio libre y sin impedimentos de la religión como fundamento sobre el que se construiría una Gran Democracia”, prosiguió. “Además, multitud de entidades internacionales reconocen que la libertad de religión es un derecho humano básico. Cualquier intento de detención en o cerca de lugares sensibles (áreas protegidas) como iglesias o escuelas supondría una infracción no sólo de ese derecho humano básico de las personas indocumentadas, sino que también supondría una violación de los derechos de nuestros propios ciudadanos”.
El obispo Weisenburger citó los privilegios constitucionales, es decir, ciertos derechos que la Corte Suprema de Estados Unidos ha sostenido que se aplican a todos aquellos que viven en Estados Unidos, ya sean nacidos en el país, naturalizados o no.
“Nuestras iglesias enseñan que nuestras puertas deben estar abiertas a todos los que deseen abrazar nuestras prácticas religiosas, un elemento esencial de nuestro derecho constitucional al libre ejercicio de la religión”, explicó. “Impedir, o amenazar con impedir, que nuestros hermanos y hermanas celebren el culto con nosotros basándose únicamente en su situación migratoria supondría una injerencia del gobierno en la práctica religiosa de nuestros propios ciudadanos, impidiendo a nuestros miembros cumplir la misión que Dios les ha encomendado”.
El obispo Weisenburger subrayó la dignidad humana tanto de los migrantes como de los ciudadanos.
“Es nuestra esperanza que todos aquellos asociados con la aplicación de la ley de inmigración a nivel federal, estatal o local reconozcan la dignidad humana de aquellos con los que se den el encuentro, observen sus derechos humanos básicos y no emprendan esfuerzos que violen los derechos de los ciudadanos de los Estados Unidos al libre ejercicio de nuestras enseñanzas y creencias religiosas profundamente arraigadas”.
A lo largo de su campaña, Trump prometió repetidamente llevar a cabo la “mayor operación de deportación de la historia estadounidense”, destinada a expulsar a los aproximadamente 11 millones de inmigrantes no autorizados que se cree que residen actualmente en Estados Unidos.
En noviembre, Tom Homan fue nombrado por Trump como encargado para llevar esto a cabo y él no necesitará la confirmación del Senado. Homan ha respaldado tácticas de deportación como la detención o separación de familias con hijos ciudadanos estadounidenses, la aplicación agresiva de las leyes de inmigración en ciudades santuario, el posible procesamiento de funcionarios que “alberguen a sabiendas” a inmigrantes en el país sin autorización legal y la retención de fondos federales a los estados que se nieguen a cooperar.
El llamado “zar de la frontera” de la Casa Blanca también ha propuesto la delegación de fuerzas locales y militares para detener a estos migrantes, así como el uso de bases militares para detenerlos y aviones militares para transportarlos fuera del país.
Homan caracterizó tales operaciones como un proyecto de años de duración y al que “no se le puede poner un precio”.
“Aplaudo a los obispos de Arizona por pronunciarse enérgicamente contra una política de deportación masiva y destacar las posibles violaciones de la dignidad humana y la libertad religiosa que se derivan de ella”, dijo J. Kevin Appleby, director senior de Política Migratoria Internacional del Centro de Estudios Migratorios de Nueva York y ex director de política migratoria y asuntos públicos de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos de 1998 a 2016.
“Si la administración Trump sigue adelante con sus amenazas, las parroquias y las agencias católicas podrían convertirse en objetivos de la aplicación de la ley de inmigración, infringiendo la práctica religiosa de todos los católicos, no solo la de los indocumentados”, dijo Appleby a OSV News.
Dylan Corbett, fundador y director ejecutivo del Hope Border Institute, una organización religiosa de investigación, defensa y acción humanitaria en la frontera entre Estados Unidos y México, se mostró de acuerdo.
“Las políticas que reconocen a las iglesias, escuelas y hospitales como lugares donde no debe aplicarse la ley de inmigración son antiguas y bipartidistas”, afirmó. “Son lugares donde la gente suele ser más vulnerable: acudiendo a la iglesia, adorando a Dios, recogiendo a los niños en la escuela y buscando atención médica”.
La política de “áreas protegidas” data de 2011, y continuó durante la primera administración Trump y la administración Biden, que emitió nuevas directrices en 2021, ampliando las áreas que requieren protección especial. Sin embargo, a los agentes de ICE se les han permitido excepciones para asuntos de seguridad nacional o terrorismo, el arresto de delincuentes peligrosos y otras consideraciones criminales especiales.
“Los obispos y líderes religiosos de todo el país tienen razón al señalar las implicaciones para la libertad religiosa, y nuestras instituciones católicas deben prepararse”, advirtió Corbett. “Nuestra libertad de ser el cuerpo de Cristo está en juego: ser un lugar de acogida y sanación, predicar el Evangelio de Jesucristo a todas las personas y ser un signo de reconciliación y misericordia en una sociedad rota”.
También anticipa que los próximos meses podrían ser una época decisiva para el testimonio de la Iglesia.
“Como Iglesia Católica en los Estados Unidos, estamos entrando en un momento moral único”, predijo Corbett, “en el que seremos llamados a oponernos a políticas de deportación contraproducentes e injustas que apuntan indiscriminadamente a nuestros feligreses, a los estudiantes de nuestras escuelas católicas y a quienes reciben servicios de nuestras agencias de Caridades Católicas”.
