Arquimedios Guadalajara / Lo sucedido en Teuchitlán, Jalisco, en el Rancho Izaguirre, nos deja duras lecciones y aprendizajes sobre la grave crisis de personas desaparecidas que priva en México y en Jalisco. Este es un problema que reaparece en nuestro país desde el sexenio de Felipe Calderón, se agudiza con la administración de Enrique Peña Nieto, continua y se expande con la presidencia de Andrés Manuel López Obrador y que no ha tenido contención en el incipiente sexenio de Claudia Sheinbaum. Ya son cuatro administraciones federales donde esta crisis no ha sido resuelta y parece incontenible
Para este momento, de acuerdo con las cifras oficiales, en México hay poco más de 125 mil 200 personas desaparecidas y para el caso del Estado de Jalisco la cifra llega a 15,300 personas en esta condición, con lo cual esta entidad se ubica como el estado con mayor incidencia de este delito en todo el país.
Las últimas informaciones sobre el caso Teuchitlán, es que el asunto fue atraído por el Gobierno Federal, que en voz de Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República, informaron que las investigaciones hechas por la Fiscalía de Jalisco fueron muy mal llevadas, con graves omisiones y sin el seguimiento oportuno. Por otro lado, Omar García Harfuch anunció que ya fueron detenidos el presunto reclutador de personas para este lugar de exterminio, perteneciente al Cártel Jalisco Nueva Generación y también dos ex -policías del municipio de Tala, que, de acuerdo a las autoridades, tenían responsabilidades en estos hechos. La semana pasada la Fiscalía General de la República, invitó a colectivos de familiares de personas desaparecidas, a medios de comunicación y a universidades, a que visitaran el Rancho Izaguirre para ver los avances. La visita fue un fiasco y terminó siendo criticada por los colectivos de familiares de personas desaparecidas, que siguen presentando elementos y evidencias que dejan al descubierto la deficiente actuación de las autoridades involucradas. De parte del gobierno de Jalisco, han expresado la voluntad de colaboración con el Gobierno Federal y entregaron los avances de las investigaciones que tenían en sus manos.
Las reflexiones frente a este condenable hallazgo son varias y enumero algunas de ellas:
1.Las fiscalías locales y la federal siguen demostrando su incapacidad para abordar esta crisis. Las investigaciones son deficientes, no hay seguimiento a los casos, no hay colaboración con los colectivos de familiares de personas desaparecidas y parece que las colaboraciones institucionales tampoco son las mejores.
2.Los organismos y dependencias creados para abordar esta crisis todavía no cuentan con los mecanismos, los recursos, la tecnología ni el personal para desarrollar su función de forma plena. A pesar de la gravedad de la situación, los gobiernos no han dotado a estas instituciones de las herramientas que necesitan, tanto para encontrar a las personas desaparecidas, como para generar el conocimiento necesario para suscitar estrategias de prevención.
3.A pesar de que desde hace años se ha hablado de contar con mejores y eficientes estrategias de prevención de las desapariciones, hasta ahora esta labor no se ha tomado en serio y no hay políticas y proyectos robustos que ayuden a contener este problema, que, además, nos ha llevado a un notable atraso en la identificación de personas y a una severa crisis forense.
4.Siguen siendo los colectivos de familiares de personas desaparecidas los que llevan la batuta en esta agenda y no dejan de poner el dedo en el renglón de las cosas que hacen falta y de los retos ante este problema. Los familiares también han evidenciado los atrasos y deficiencias en la atención a las víctimas, que hoy requieren de mayores apoyos para sus crecientes y diversas necesidades. Como sociedad no podemos dejar de apoyar a estos colectivos ya que, es gracias a ellas y ellos, se han logrado algunos avances en la materia.
5.Una de las prácticas recurrentes de la clase política de este país es pasarle la responsabilidad a los de “enfrente” o a los de “atrás” o a los de “arriba”. Ante una agenda de tal gravedad lo que se necesita es trabajar colaborativamente, asumir autocríticamente los fallos que se tienen y hacer suyas las responsabilidades que les corresponden para resolver esta crisis. Desafortunadamente hemos sido testigos del desdén de muchas y muchos con cargos públicos sobre este problema, toca ahora “hacerse cargo” del asunto para construir las soluciones que se necesitan a corto, mediano y largo plazo, en los tres niveles de gobierno: municipal, estatal y federal.
La desaparición de personas es un problema que nos lastima a todas y todos de forma muy honda, darnos cuenta que hay una macro-criminalidad que recluta jóvenes y desaparece personas de forma masiva es un asunto que ya no podemos permitir que suceda. Por el bien del país esperemos que el caso Teuchitlán sea un punto de quiebre que nos coloque, ahora sí, en las rutas de solución.
