Tras la indignación por el incendio que mató a 38 migrantes en un centro de retención del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, obispos de México piden investigaciones que deslinden responsabilidades de los hechos.
La provincia mexicana de la Compañía de Jesús ha manifestado su solidaridad a través de un comunicado a fin de abrazar “el dolor de las familias de las personas fallecidas y heridas durante el incendio” en la estancia provisional del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez.
En el documento, la provincia mexicana hace “un llamado a las autoridades responsables para garantizar un trato humanitario para todas las personas migrantes afectadas, así como un trato digno, garantizando sus derechos humanos y atención consular en todo momento”, requiriendo una “investigación diligente” de las condiciones de la estancia la cual, según videos que circularon al momento del incendio, constatan que las personas retenidas estaban tras las rejas mientras que el personal los deja a su suerte a medida de que crecía el fuego provocado.
Para los jesuitas, una cultura de la hospitalidad es necesaria para recordar la “necesidad apremiante de rechazar la criminalización y la importancia de caminar con las personas excluidas y descartadas del mundo”.
El 19 de febrero, la Conferencia del Episcopado Mexicano realizó la jornada de oraciones por los migrantes en el marco de las jornadas mensuales por la paz que se desarrollan desde el asesinato en junio de 2022 de los jesuitas de Cerocahui, Chihuahua.
En esa ocasión, el video promocional de la jornada recordó que 400 mil personas migrantes transitan por México anualmente. En dos meses, “Human Rights First” contó cerca de 13 mil 500 asesinatos, tortura, secuestros, violaciones y otros delitos contra migrantes y solicitantes de asilo. En 2022, agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos encontraron casi 2.2 millones de migrantes en la frontera con México, lo que es un aumento de 37 por ciento, respecto a 2021.
La jornada de oración estuvo dedicada a los migrantes que salen de su país por cuestiones de inseguridad, amenazas, extorsiones, pandillas, delincuencia organizada o persecución política que los pone en vulnerabilidad y desventaja.
