Editorial CCM / Difíciles y duras horas han vividos miles de mexicanos en tres estados del país: Jalisco, Chihuahua y Guanajuato. Actos de terror que asolaron negocios, alterando la vida cotidiana y arrebatando la existencia de quienes estuvieron en el momento y lugar equivocados. Acciones aparentemente coordinadas que van desde las disputas entre criminales hasta actos violentos dirigidos contra negocios y tiendas.
Los gobiernos locales solo atinan a decir que las cosas son duras y dolorosas y amagan con el discurso sin fuerza como cliché para lo imposible: Aplicar “toda la fuerza del Estado” contra enemigos invisibles y reales que están poniendo a las autoridades de rodillas, peor aún, segando la vida de ciudadanos.
Lo difícil es que se ha rebasado una línea que parecía mantenerse en contención. Especialistas hablan de acciones de narcoterror. La organización Causa en Común señaló a medios de comunicación que “La situación en el país está desbordada, los actos violentos que han ocurrido estos últimos días en Jalisco, Guanajuato, de Chihuahua dan cuenta de la necesidad de hacer frente directo a estos grupos delictivos que han actuado con total impunidad. Ya se cruzó esta línea de que no habían actuado contra la sociedad en Ciudad Juárez”.
Llama la atención que tal terror esté de una forma más dura, cruda y violenta en tres entidades que no son gobernadas por el partido del presidente de la República y que han tenido controversias y abandono del gobierno federal en cuanto a la seguridad pública. En 2019, el gobernador Enrique Alfaro denunció su desacuerdo por la reducción de recursos federales en materia de seguridad para la entidad, particularmente en el subsidio del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad y en el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.
Guanajuato está por el mismo camino. Según el gobierno del Estado, en 2019 se destinaron 3 mil millones de pesos para el Programa de Fortalecimiento a la Seguridad, para el 2021 no quedó sin centavo alguno perjudicando especialmente la profesionalización de las corporaciones policiales.
En 2020, la Confederación Patronal de la República Mexicana -COPARMEX- Chihuahua, advirtió que “se están asfixiando las capacidades de los gobiernos locales justo en el momento que enfrentamos la peor crisis sanitaria y económica de las últimas décadas, que se suma a la crisis de seguridad que llevamos enfrentando por más de una década y que no hemos podido controlar”.
Esas reducciones tienen además las consecuencias del debilitamiento de la seguridad que impide acciones efectivas contra el poder del narco que hasta parece ser favorecido por las políticas y estrategias que mantiene el gobierno de López Obrador usando a las fuerzas armadas con fines políticos para apuntalar su proyecto desastroso de gobierno.
Y si esto no fuera suficiente, se le echa más gasolina al fuego con el anuncio unilateral y arbitrario de militarizar a la Guardia Nacional prolongando su acción más allá de 2024 como brazo de la Secretaría de la Defensa Nacional e incluso con el ejército y marina en las calles como respuesta al crimen organizado, polémica decisión que desafía y viola la Constitución.
La Iglesia católica de México ha anunciado acciones que permitan devolver la paz. A través de conversatorios y diálogos se busca influir para cambiar la estrategia de seguridad, vencer la impunidad y devolver la confianza en el Estado de derecho. Quizá sea una contribución que se quede corta en medio de la violencia rampante, pero es un aliciente que permite meter más ciudadanía en este problema.
No obstante, muchas dudas y sospechas se levantan en medio de estas duras horas de violencia, incitada para desestabilizar y vivir en el miedo. Parece que hay intereses que buscan mantener al país incendiado y, peor aún, alimentar las llamas para destruir, especialmente en esos Estados de oposición. El país arde y eso puede usarse convenientemente en estos momentos en que las corcholatas se colocan en el tablero para el 2024. Es duro, pero la realidad así lo apunta: La política valiéndose del narcoterror.
