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Editorial Centro Católico Multimedial. «¡Van por nuestro dinero!»

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Editorial CCM /  La reforma a la Ley General de Instituciones de Crédito que aprobó la Cámara de Diputados esta semana, ha causado comentarios que desatan inquietudes y, a la vez, inconformidades porque de una situación que parecía injusta pasamos a otra que la agudiza más

Tal cambio obedeció a una iniciativa de MORENA que no tuvo el debido análisis ya que no pasó al examen previo de las comisiones; por el contrario, se dio el privilegio con la dispensa de trámites y, sin dictamen alguno, consultas o parlamentos abiertos, entrando de inmediato a la discusión del pleno para ser aprobada. Actualmente, la disposición contenida en el artículo 61 del mencionado ordenamiento, indica que las cuentas bancarias sin movimiento alguno en un periodo de tres años, puedan ser tomadas en una cuenta global concentradora; si en un término similar no se registra reclamo o movimiento entonces podrán pasar a la beneficencia pública si son menores a 50 mil pesos y, en caso de que sean mayores a tal cantidad, pasan a ser propiedad del banco.

Con la reforma, el sentido de la disposición se conserva en esencia, pero la diferencia será el destino: Si es mayor a 50 mil pesos, pasará a ser parte del patrimonio del gobierno federal para que realice políticas y acciones de combate a la delincuencia y, sin especificar, sólo dejaría que esos recursos deban enterarse a la “dependencia responsable de la seguridad pública”.

Tal reforma representa un golpe ventajoso y lesivo, una expropiación tácita que podría manejarse en la opacidad sin la debida transparencia en cuanto a las acciones a las que serían destinadas. En primer término, es una acción ventajosa en contra de los ahorradores, quienes tengan cuentas de cheques o de inversión. Si los bancos ahora esquilman a los cuentahabientes de una cuenta sin movimiento, la reforma hará imposible que tales beneficiarios reclamen un dinero que justamente podría pertenecerles.

Los legisladores harán que paguen justos por pecadores. Esta rapacidad encuentra ahora un resquicio tras la crisis de covid-19 que deja al momento, según las cifras de la Secretaría de Salud, más de 300 mil muertos, aunque la cifra podría duplicarse ya que se ha reconocido el exceso de mortalidad por la misma enfermedad. En este sentido, no hay reportes claros que nos indiquen el número de cuentas bancarias sin movimiento.

A consecuencia de nuestra mala educación financiera, las cuentas de un padre o madre de familia fallecidos por covid-19 podrían haber quedado sin la designación de un beneficiario, pero esto no implica que tales recursos están abandonados puesto que la familia sabe de su existencia, pero no puede disponer por no haber cubierto ese sencillo requisito; pero eso sí, los bancos actúan como chacales cuando un usuario falla a sus pagos. De eso hay miles de historia que son de horror.

Esta reforma en esencia es un golpe a la economía de muchas familias cuyos depósitos y cuentas les son lícitas y pertenecen en justicia. En esta crisis, los legisladores deberían buscar alternativas que hagan más fácil a los usuarios acceder a los recursos supuestamente abandonados, pero que en realidad no lo están; en pocas palabras, la iniciativa de Morena va por el dinero de esos usuarios como lo hacen los buitres: revolotean para arrojarse a su víctima.

Pero hay otra causa más preocupante. Es inaudito que la decisión refleje que el gobierno quiera sacar agua hasta de las piedras. La crisis de la seguridad ahora agudizada por la perspectiva de la militarización levanta muchas inquietudes. Fueron por los fideicomisos y se los acabaron, agarraron los fondos de salud y los agotaron, agandallaron los fondos de estabilidad y los exprimieron. Ahora van por el dinero de los ahorradores. ¿Qué viene después?

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