La presidenta de México abre su mandato con fiesta y tragedia. Mientras se daban festejos y salutaciones por su arribo al poder, apenas con unas horas en el encargo, un ataque de militares contra dos camionetas de redilas en la que viajaban migrantes indocumentados asesinado a seis personas en Chiapas. Datos preliminares señalaron que los atacados eran de diferentes nacionalidades: egipcios, nepalíes, cubanos, hindúes, pakistaníes, entre otras.
En descargo, a través de un boletín de prensa del 2 de octubre, fecha por lo demás fatídica para el ejército por sus implicaciones históricas, la Secretaría de la Defensa Nacional ofreció una descripción de los hechos y, justificando que las camionetas “eran de redilas como las que usan los delincuentes en la región, los militares abrieron fuego para detener los vehículos. “Los 2 militares que dispararon, fueron separados de sus funciones y al ser un hecho donde se vieron afectados civiles, se hizo del conocimiento de la Fiscalía General de la República…”, se lee en el comunicado mientras cierra con la frase elaborada y ya consabida que quiere resarcir el asesinato: La Secretaría de la Defensa Nacional, en el ámbito de su competencia, refrenda su compromiso de actuar con estricto apego al estado de derecho, bajo una política de cero impunidad…”
Difícil inicio para una presidencia bajo la tremenda sacudida y cuestionamientos de la militarización de la seguridad pública cuando, en el último año, la descomposción de la seguridad ha derivado en violencias cada ve más lesivas, más aún, cuando están implicados elementos militares o de la Guardia Nacional.
De acuerdo con el Quinto Informe del Observatorio de la Guardia Nacional y Militarización en México de “Causa en Común”, de agosto pasado, de enero de 2019 a mayo de 2024, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional acumularon 4,800 quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos: torturas, desapariciones forzadas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, y detenciones arbitrariassupuestamente cometidas por sus elementos”, ningún elemento de la Guardia Nacional, indica el Informe, fue sancionado penalmente.
Ante el panorama de la militarización de la seguridad, organismos de la ONU mostraron su preocupación por la aprobación de la reforma constitucional que traslada el mando de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. Lo anterior, contraviene tratados internacionales. Relatores asociados a la ONU manifiestan que tales modificaciones podrían aumentar la impunidad y las desapariciones forzadas.
Más aún, la Dimensión Pastoral para la Movilidad Humana de la CEM, en torno a los hechos de Chiapas del 1 de octubre, indicó que no era un hecho aislado “sino como consecuencia de la militarización de la política migratoria, y una mayor presencia de fuerzas armadas en la frontera sur del país la cual ha sido una constante”, señalando además que el Estado mexicano garantice medidas de no repetición y medidas preventivas en el uso de la fuerza.
Sin duda esta es otra tragedia que advierte que el camino de la militarización plantea más dudas que certezas. No son víctimas colaterales, las muertes de esos migrantes son la exposición de las fracasadas políticas de migración que, cada vez más, a pesar del “Estado de bienestar”, crean más pobres y víctimas en su paso por este país.
Esto no es sólo lo peor. Tales hechos podría ser un mal augurio de lo que será el papel de las fuerzas armadas en el sexenio de Sheinbaum. Opacas, sin transparencia, desmedidas y sobreprotegidas, no harán que la seguridad mejore y, por el contrario, más hechos como el de Chiapas se cometan, lejos de los reflectores de los medios y de la lupa ciudadana. Sin embargo, el paso está dado. Porque el segundo piso de la llamada transformación pasa por un desmedido poder a los militares… Un poder impune y letal.
