Centro Católico Multimedial /Aun bajo la conmoción del horror que se cometía en el rancho Izaguirre de Teuchitlán, no puede dejarse de lado los métodos y engaños que usan los grupos criminales, especialmente para captar a jóvenes que, engañados, terminan su existencia de forma cruel, despiadada e inhumana.
El reclutamiento forzado de niños, niñas y jóvenes por parte de los cárteles del crimen organizado en México no es un fenómeno nuevo, pero su persistencia y sofisticación exigen una reflexión urgente y acciones contundentes. Miles de menores, atrapados en un ciclo de violencia, pobreza y abandono institucional, son arrancados de sus hogares y sueños para convertirse armas y carne de cañón de un sistema criminal enquistado en el poder que el Estado no ha logrado desmantelar.
Organizaciones no gubernamentales han dado seguimiento de esta cruel realidad que está cancelando el futuro de generaciones completas. Reinserta, a través del estudio, «Niñas, Niños y Adolescentes Reclutados por la Delincuencia Organizada» de 2021, estimó que, por ejemplo en 2011, 35,000 niños, niñas y adolescentes engrosaron las filas de grupos delictivos, pero la cifra podría ser mayor. En 2021, la Red por los Derechos de la Infancia reportó que entre 145 mil y 250 mil niñas, niños y adolescentes están en riesgo de ser reclutados o utilizados por grupos delictivos, lo que sugiere un problema de mayor escala en ciertas regiones del país.
Esta realidad no puede seguir tratándose como un daño colateral de la lucha contra el narcotráfico; en el fondo es una crisis humanitaria que desnuda el fracaso de las políticas públicas, el reparto de dinero en programas sociales sin efectos a largo plazo y la complicidad de una sociedad que ha normalizado esta tremenda barbarie
Mientras las autoridades debaten esas “bondadosas ofertas” de entregar dinero o bien de un primer empleo discreto y humilde, los cárteles van un paso adelante perfeccionado sus métodos: desde amenazas directas y secuestros hasta el uso de redes sociales y videojuegos para captar a menores vulnerables con promesas de dinero, poder, fama, liderazgo o exclusiva pertenencia. En un país donde la pobreza, la deserción escolar y la ausencia de oportunidades son la realidad de millones, cientos de historias de jóvenes se repiten cuando aceptan al crimen organizado como un redentor que ofrece dinero fácil, vida de lujos y riqueza inmediata.
Los obispos de México han condenado y lamentado la frágil situación de nuestra juventud. En el Proyecto Global de Pastoral PGP-2031-2033, así lo reconocen: “Lamentamos profundamente la desaparición y muerte de miles de jóvenes en los últimos tiempos, los feminicidios, verdaderos ríos de sangre nueva que han corrido por nuestros pueblos y ciudades; la situación de muchos de ellos envueltos en la violencia, el narcotráfico, la trata de personas, la falta de oportunidades, el desempleo, la migración y el descarte. Un país sin adolescentes y jóvenes sanos, humana y socialmente, es un país sin futuro”. (PGP 2031-2033, No. 51)
Urgen acciones ineludibles. El gobierno de México debe reconocer el reclutamiento forzado como un delito específico en el marco jurídico, sancionado con penas severas y un enfoque de protección que trate a los menores como víctimas, no como criminales. La ambigüedad legal solo beneficia a los cárteles que explotan la laxitud del sistema y se aprovechan de la puerta giratoria de la justicia para adolescentes.
Es imperativo fortalecer las instituciones de protección infantil y juvenil, dotándolas de recursos y presencia en las zonas más afectadas. Programas como Jóvenes Construyendo el Futuro solo son un placebo que no plantea estrategias integrales de combate y erradicación de las causas estructurales del reclutamiento forzado de jóvenes: desigualdad, violencia y abandono.
La sociedad debe asumir su responsabilidad. No basta con arrojar la piedra a los cárteles y esconder la mano. Requerimos cuestionar y erradicar la narcocultura que glorifica la violencia seductora de los jóvenes y cortar los recursos que le pemiten seguir impactando a los jóvenes, así como exigir rendición de cuentas a las autoridades que, por acción u omisión, permiten que esto continúe.
Cada niño reclutado es un sueño roto que se convierte en horrorosa pesadilla, un recordatorio de que México está en deuda con su infancia, deuda del Estado mexicano al que pronto se le pasará la factura de generaciones pérdidas y aniquiladas por el poder del crimen y la corrupción que normaliza la violencia.
