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Editorial Centro Católico Multimedial. «Semana de horror»

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Los hechos parecen tomados de los más demenciales e inauditos capítulos oscuros de una mente perturbada y retorcida. En Guadalajara, una batalla campal en un exclusivo centro comercial se dio para impedir el secuestro de un empresario, el pasado domingo 2 de octubre, dejando una persona muerta y seis más lesionadas. Gracias a las redes sociales, los hechos grabados semejaron a un lugar en guerra, personas arrastrándose por el suelo para evadir las balas que pasaban azarosas. Al final, la intervención del ejército y Guardia Nacional sin más, nunca impidieron la balacera porque son cosas normales que pasan en el México violento.

Luego, el 4 de octubre. Blanca Esmeralda Gallardo, madre que ansiaba el regreso de su hija Betzabé, desaparecida el 13 de enero de 2021, fue ultimada a balazos a las puertas de su casa en la unidad Villa Frontera en la autopista México-Puebla. Dicen las rebasadas autoridades que la infortunada madre fue víctima de un pleito entre narcomenudistas. Antes, Esmeralda había hecho declaraciones a medios poblanos acerca de información que las autoridades tenían desde el inicio para capturar a los responsables de la desaparición de Betzabé y su amiga Fabiola, de 22 años.

Después, la masacre de Totolapan. El miércoles 5 de octubre, la consternación se dio cuando el palacio municipal fue blanco de un comando que ejecutó al alcalde Conrado Mendoza del PRD, a su padre y a 18 personas más en un ajuste de cuentas del grupo de los Tequileros contra la Familia Michoacana. Según el subsecretario de Seguridad Pública, «los asesinatos ocurrieron en el contexto de disputas entre grupos criminales de la zona… dedicados al trasiego de amapola, secuestro y extorsión».

Y por si esto no fuera poco, el asesinato de la diputada Gabriela Marín Sánchez del Partido Morelos Progresa, a plena luz del día, en Cuernavaca, en lo que se presume una venganza política. Gabriela tomó protesta del cargo el 15 de julio cuando el Tribunal Estatal Electoral del Estado de Morelos bajó el nombramiento del diputado Roberto Yáñez Moreno y ordenó la protesta de ley a la joven legisladora.

Así, estos arteros crímenes se dieron en el marco de una controvertida aprobación en el senado de la República de la militarización de la seguridad pública para dejar a las fuerzas armadas en las calles y actuar como policías, cosa que tuvo el beneplácito del presidente de México, ahora paladín de que el fortalecimiento de la seguridad sólo se conseguirá con militares a la cabeza.

Lamentablemente, la normalización de la violencia toma cauces insospechados mientras el ejército tiene más poder en la vida civil. Si en el tiempo que lleva en el control de la seguridad no ha podido reducir los altos niveles de violencia, ¿por qué hay que pensar que sí lo hará al final de la década? Parece que esta descomposición tiene fermento en la corrupción de la política y de un narco-militarismo, al menos tolerado por las autoridades.

Vendrán cosas peores. Lo vemos con los últimos hechos. Las fuerzas armadas, vulneradas en su protección de datos, han sido expuestas como una entidad de control y espionaje de opositores al régimen, ¡hasta vigilarían a los mexicanos que irán al mundial de Qatar! Esto que parecía inverosímil descubre el grado de hipocresía política, corrupción y decadencia de un gobierno respaldado por poderes fácticos y pacta con ellos, no importa si se trata del mismo narco.

Efectivamente fue una semana de terror. Y las cosas no mejorarán. Al contrario, parece que iniciamos un trayecto muy oscuro del cual no se verá la luz al otro lado del túnel, quizá por mucho tiempo.

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