Quizá es de las peores semanas que ha pasado. Campeón de la popularidad, parece imbatible, no obstantes las peores crisis, pero los últimos días han cimbrado profundamente su mandato echando por tierra sus valores y principios, destapando la corrupción.
Primero, el robo de la información personal y datos sensibles de todos los acreditados como periodistas o representantes de medios de información, fue sorteada entre malabares y pueriles justificaciones de los responsables en Palacio Nacional. Su histrionismo fue equivalente al nivel de ineficacia e ineptitud que ha demostrados cómo a este gobierno, le importa poco la seguridad de los datos y el resguardo de la información en su poder.
El rechazo del presidente López Obrador a los órganos autónomos, entre ellos, el INAI, equivale al deseo de la regresión del gobierno opaco donde todo se esconde y nada se justifica. Sin embargo, el robo de la información de los periodistas tiene otra seria implicación. El riesgo que corren los comunicadores cuando México es de las regiones del mundo donde ejercer el periodismo es peligroso. Y en esto, el presidente de México tiene un grado de culpa cuando, casi todos los días, desde la más alta tribuna de la nación, es decir, el podio de las mañaneras, fustiga a los medios que son críticos a su fallido gobierno.
El segundo hecho fue el 31 de enero cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica aprobada en marzo 2021 por el Congreso de la Unión. Era de las “obras maestras” de la presente administración para favorecer a la CFE sobre compañías privadas. Esto desató la ira presidencial al denostar al único Poder de la Unión que ha frenado los delirios que salen de Palacio.
Poco a poco, el presidente se queda sin argumentos y la diatriba desgastada de que los ministros de la Corte son adversarios de su Transformación ha puesto también en duda la certeza en el estado de derecho. Esto ha llevado a lo absurdo: ¡Un juicio político! contra el ministro Alberto Pérez Dayán sólo por cumplir lo que está estipulado en la Ley.
Otro hecho, revela un riesgo más delicado. El fincamiento del narcoestado. Una investigación de ProPublica, bajo la firma del periodista Tim Golden, ganador de dos premios Pulitzer, da cuenta de las pesquisas de la DEA del presunto financiamiento del narcotráfico a la campaña del presidente Andrés Manuel López de 2006. Édgar Valdez, “La Barbie”, habrían patrocinado la campaña presidencial del AMLO financiándola con más de dos millones de dólares. No sería extraño cuando ya en 2021, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la intervención del crimen organizado en los ayuntamientos de Múgica, Gabriel Zamora, La Huacana y Nuevo Urecho en la elección a la gubernatura de Michoacán; sin embargo, esto no fue suficiente para invalidar la elección del 6 de junio de 2021.
Además, este proceso electoral 2024 apunta a ser de los peores, marcados por la violencia y lavados en sangre. Al 28 de enero, nueve políticos y precandidatos fueron asesinados en actos violentos y, a juicio de los especialistas, se presagia un funesto incremento de asesinatos conforme se acerque la jornada electoral de junio en el que podrían ser privados de la vida cerca de un centenar de aspirantes a cargos de elección popular sin dejar de lado el secuestro de comunidades en donde se teme la implacable acción del crimen.
Sin duda, no fue una semana placentera para el presidente de México; no obstante, arrinconarse para lamer las heridas no es una de sus mejores tácticas; por el contrario, un animal herido es más salvaje y a eso apunta su estrategia. Endurecer el discurso y la diatriba que impulse el voto en favor de su elegida mientras la sociedad civil libre se prepara a tomar las calles el 18 de febrero.