Editorial CCM / Tras la renuncia del ministro Arturo Zaldívar a su asiento en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y su incorporación al equipo de la favorita del presidente México a sucederlo en la próxima elección federal, el panorama no parece optimista ante lo que podría ser el desmantelamiento del último de los poderes que dan equilibrio y contención a la ambición y desmesura del presidencialismo.
En una visión siempre parcializada de que el Poder Judicial es corrupto y cooptado por los adversarios de AMLO, las pretendidas reformas incluyen la elección popular de ministros, magistrados y jueces lo que implicaría un suicidio institucional; no obstante, el régimen quiere llevar, cueste lo que cueste, una reforma a un Poder tenido por corrupto, plagado de privilegios y traidor al pueblo. De hecho, cuatro de once ministros han sido nominados por López Obrador. Uno ha renunciado y se sube al barco del desmantelamiento del Poder Judicial.
Esto trae a la memoria lo que el Poder Judicial era antes de la reforma de 1994. Todos los especialistas coinciden en afirmar que la SCJN era absolutamente agachada y asociada el PRI, opaca y complaciente. De hecho, antes de la transformación que sufrió gracias al presidente Ernesto Zedillo, la Corte tenía 26 ministros vitalicios que servían al presidente en turno. Sus privilegios eran excesivos y lesivos. A nadie le debían rendir cuentas, sólo a su amo, el presidente de la República en turno.
Tras el ascenso del Zedillo al poder, lo primero que hizo fue una especie de golpe que comenzó a desmoronar al Poder Judicial. La reforma de 1994 redujo ese costoso aparato de ministros de 26 a 11, les dio fecha de caducidad, quince años, y promovió la transparencia, además de la profesionalización judicial. Zedillo afirmó que el Poder Judicial dejaría de ser un apéndice del Poder Ejecutivo. Aunque el gobierno en turno busco legitimidad con esa reforma, la realidad es que fundó un Poder con relativa autonomía que, a la fecha, ha detenido reformas lesivas que pondrían en riesgo los derechos de los mexicanos.
Sin embargo, la memoria es escasa y convenientemente parcializada. Hoy, la propuesta de tres mujeres para ocupar por quince años la vacante de Zaldívar, llega como un balde de agua fría que resucita el nefasto recuerdo de una SCJN a modo, complaciente, llena de favoritismos, inútil al pueblo, pero útil a la voracidad del autoritarismo demagógico. Lo que está en riesgo no es menor. A diferencia de 1994, el marco de derechos humanos y de protección constitucional requiere de juristas profesionales, no de adictas a ideologías ni de jueces arrodilladas a los dictados del presidente. No se trata de hacer del Poder Judicial un espejo del Poder Ejecutivo, se requiere, más que nunca, de ciudadanía, de profesionalización e imparcialidad constitucional.
Hoy el Poder Judicial está en una crisis desatada por el poder mismo. Poco hará el Senado de la República. El rechazo que pueda realizarse de la terna presidencial al final sólo favorecerá a cualquiera de las nominadas. De nada sirve una valoración de los perfiles de esas tres mujeres propuestas por AMLO, al final, fanáticas de su líder y asociadas a funcionarios de su gabinete. Ellas serán las que propicien la demolición del Poder Judicial para que la SCJN sea a imagen y semejanza de la 4T, a imagen de López Obrador.