El hallazgo del rancho Izaguirre en Jalisco vuelve a dar cuenta del estado tan critico del México roto que parece no tener punto de retorno y en donde la sociedad civil ha tomado lo que el Estado y el gobierno ha dejado de hacer para tener el derecho a la verdad.
Y aunque este caso tan indignante vuelve a alzar múltiples voces, da cuenta de circunstancias tan violentas que, a pesar de promesas, campañas, compromisos y arreglos, siguen aflorando con más crudeza inhumana. Recordemos cómo en abril de 2017, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó el Informe Especial sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México. El amplísimo documento, fruto de 102 propuestas para la atención integral del problema de la desaparición de personas, fueron dirigidas a diversos secretarios de la Administración Pública Federal, además de titulares de otros Poderes de la Unión, gobernadores de los Estados, diversas autoridades de distintos niveles de gobierno y titulares de las fiscalías generales y procuradurías estatales e indican las alarmantes cifras sobre desapariciones que desde 2009 y hasta 2017 eran agobiantes para la sociedad mexicana. Para la CNDH era preocupante el “aumento de hallazgos de fosas clandestinas y el número de cadáveres y/o restos humanos de ellas exhumados, derivado de la violencia provocada por la delincuencia organizada”.
Siete años después, todo parece peor y descompuesto ¿Por qué se ha llegado a este estado de cosas? Los organismos y defensores de los derechos humanos coinciden en señalar que el factor está en la impunidad y corrupción; sin embargo, otro elemento parece determinar esta grave condición. El mismo informe de la CNDH era tajante: “la falta de procuración de justicia pronta y expedita que, lejos de producir investigaciones eficaces y sustentables para la localización de víctimas y el ejercicio de la acción penal contra los responsables, en la mayoría de los casos sitúa a los agraviados y a sus familiares en estado de abandono…”
La situación de los familiares de los desaparecidos parece estar en un callejón sin salida en este país cuando ya recurren a organismos e instancias internacionales para obtener lo que aquí les ha sido negado. Por años, su voz y lucha han sido acalladas e ignoradas ante la falta de compromiso, promesas frustradas y ausencia de resultados contundentes mientras las disputas entre cárteles y grupos delincuenciales afectan amplios sectores impactando especialmente a la población joven.
Comisiones de la Verdad van y vienen. para aportar elementos para saber dónde están todas las personas desaparecidas y, sobre todo, conocer quiénes han sido los responsables de estos casos indignantes; sin embargo, cualquier foro de escucha o comisiones creadas para estos propósitos no serán realmente efectivos si las autoridades siguen evadiendo la aplicación de medidas reales y contundentes para acabar con la impunidad a la vez de realizar reformas que modernicen corporaciones policiales, autoridades ministeriales y la procuración de la justicia a la que todos tenemos derecho. Debe, por lo tanto, implantarse un profundo cambio de mentalidad para abatir el sistema corrupto y decadente.
Para resolver las desapariciones, el Episcopado Mexicano ha manifestado que no bastan las buenas intenciones. Los obispos de México, en un mensaje al saberse de la existencia del rancho Izaguirre en Teuchitlán, han manifestado su extrañamiento porque “mientras se presume que bajan un 15% los asesinatos dolosos, se trata de ocultar que crecen un 40% las desapariciones. Desafortunadamente la mayor parte de estas víctimas son nuestros jóvenes”.
Efectivamente, lo de Teuchitlán es, de nuevo, muestra que México es un gigantesco campo de exterminio. Hoy, la incertidumbre que acompaña a los familiares no desaparecerá de sus vidas sino hasta que den con el paradero de sus desaparecidos. Pero México parece optar por el camino de la destrucción, la de un Narcoestado con sus instituciones y derecho rotos y quebrados.
