Editorial CCM
El 25 de julio en el Centro Universitario Cultural Tlatelolco, Ángela Buitrago y Carlos Beristain, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes -GIEI- sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, terminó sus trabajos con la presentación del VI Informe de labores y conclusiones. Un documento imprescindible para conocer en qué punto se encuentran las investigaciones y la colaboración de las autoridades sobre el caso que sigue lacerando la conciencia del Estado mexicano.
El GIEI “ha llegado con este informe hasta el límite de lo que se ha podido investigar como asistencia técnica”, dijeron los especialistas, a la vez de que revelaban la serie de obstáculos en inconvenientes impidiendo una labor que trató de aportar elementos para saber cuál es el destino de los 43.
Pero lo que fue una promesa, la de esclarecer en este sexenio y de derrumbar la verdad histórica, sólo ha tenido funcionarios de la pasada administración tras las rejas a la manera de chivos expiatorios sin llegar a lo que se debería conocer para que, al fin, la herida se cierre y se devuelva la paz. Todo parece apuntar, de nuevo, a la protección de los responsables, ocultar información, dejar en el velo de la oscuridad y de la opacidad lo que deba quedar enterrado. En esto está en juego el prestigio de las cada vez más poderosas y cuestionadas fuerzas armadas.
Aunque el GIEI reconoce que se quebró “la complicidad, el miedo y el silencio que ha tejido este caso desde hace nueve años casi”, hay factores muy peligrosos que podrían hacer que nunca se conozca la verdad, esa es la mentira como forma de defensa y respuesta institucional. Para el presidente de México, su simple opinión se transforma en letra y palabra definitivas. Y aunque la mano se extiende como una manera de interlocución, la verdad de las cosas es que se pone la otra como barrera para tener acceso completo a la información. Todavía hay alguien detrás que le conviene mantener la llamada “verdad histórica” por negaciones y mentiras intencionales para ocultar a los verdaderos responsables de los hechos de la noche de Iguala.
Con el informe de GIEI y sus recomendaciones, se da cuenta del entramado criminal e institucional que actuó como maquinaria perversa. El tiempo de López Obrador se acaba y con eso la posibilidad de responder a una de sus principales promesas de campaña. El 25 de mayo de 2018, aseguró que después de su triunfo electoral habría “justicia” para los de Ayotzinapa. “Vamos a que se conozca todo, no quiero, ni deseo, ni conviene a ustedes que viven aquí en Iguala, que cuando se hace referencia a Iguala se esté pensando en los desaparecidos, se esté pensando en el dolor, no, el pueblo de Iguala, el pueblo de Guerrero, el pueblo de México no merece eso… Ese es mi compromiso y tengo palabra”, dijo a los electores.
Sin embargo, la perorata presidencial es la mejor excusa para minimizar la deuda pendiente. Heredará a su sucesor una terrible realidad de la manará mucho dolor. Para López Obrador, se trata de una campaña orquestada por sus adversarios para defenestrar a las fuerzas armadas. “Somos distintos”, ellos “sectarios”, dice el presidente. Pero, organismos internacionales, de derechos humanos y el GIEI son contundentes. El poder de las instituciones castrenses en esta administración también tiene una base siniestra, “en la impunidad y miedo a investigar”.
