Editorial CCM / El escándalo provocado por la orden del secretario de Gobernación a los legisladores de su partido en la LXV Legislatura, de “descuartizar” al Instituto Nacional Electoral es la prueba de cómo el gobierno de AMLO está empeñado a asesinar completamente las instituciones que han apuntalado una democracia que se pensaba madura.
Al iniciar el segundo período de sesiones en el segundo año de la actual Legislatura, todo se enfoca a estos temas de los cuales depende vivir en un país de instituciones ciudadanas o sumido en el autoritarismo: Elecciones en dos estados, designación de nuevos consejeros y detener la aniquilación del INE.
El Plan B de López Obrador espera su ratificación en el Senado. Será de los primeros asuntos que la Cámara alta analice en un clima de crispación por las elecciones en dos estados que serán estratégicos para el proceso de 2024. Tan pronto se apruebe, el alud de controversias serán puestas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para revertir lo que, a todas luces, es contrario a la Constitución.
No es para menos. Habiendo esclarecido la naturaleza de las reformas que ni los diputados conocieron, el Plan B efectivamente hace honor a su cometido. Es el arma usada por un descuartizador. Esta semana, el pleno del INE aprobó un detallado informe acerca de las consecuencias de las reformas del oficialismo revanchista. Su lectura no puede pasar desapercibida por la ciudadanía que salió a las calles el 13 de noviembre.
¿Cuáles son esas implicaciones? Aquí sólo algunas: Eliminar las 300 Juntas Ejecutivas Distritales encargadas de realizar el trabajo sustantivo de preparación, organización y celebración de elecciones, fusionar oficinas y direcciones que eliminarían plazas del servicio profesional electoral, vulneración del Padrón Electoral y la cartografía electoral, módulos de atención ciudadana en oficinas de gobierno en una clara violación de la independencia del INE, vulnerabilidad de los datos personales sensibles como son las fotografías y las huellas dactilares, se acabaría con la educación cívica electoral, se impediría la capacitación electoral, “el personal especializado a cargo de esa tarea simplemente desaparece con la reforma que compromete la instalación de las casillas y, con ello, arriesga el ejercicio del derecho al voto ciudadano”, se suprime la Junta General Ejecutiva del INE para ser sustituida por una Comisión de Administración de cinco consejeros electorales contraria a la Constitución, reducción de la estructura del INE en más del 84 por ciento lo que le convertiría en una oficina de trámites mínimos.
Pero eso es sólo la punta del iceberg. En el fondo, el Plan B es un descarado método que haría que el voto de cada ciudadano sea, prácticamente, un garabato en un papel al comprometerse la certeza de las elecciones por un injerencismo absoluto del gobierno del partido en el poder.
Ahora la sociedad se organiza y, de nuevo, una gran marcha para el 26 de febrero que promete ser multitudinaria para que cada voto cuente en procesos electorales con certidumbre y confianza. #MiVotoNoSeToca comienza a resonar y, por el otro lado, provoca el desdén del descuartizador quien lo único que atina a vituperar es: “¡Ya chole con su INE no se toca!