Con el año que te queda por vivir… en la presidencia

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Ignacio Román Morales / Arquimedios Guadalajara.- El próximo primero de octubre arrancará el último año de gobierno de López Obrador. A partir del 2024, el cambio sexenal de la presidencia se efectuará los días 1 de octubre en vez del 1 de diciembre. Ese viaje por los últimos 12 meses será turbulento, por decir lo menos. Los conflictos preelectorales, electorales, de presiones económicas y de rebatingas políticas pueden exacerbarse, al tiempo que las elecciones en México se empatan con el dificilísimo proceso que en el mismo sentido tendrán los Estados Unidos, con una intensa violencia interna, con la continuación de la guerra en Ucrania y con condiciones financieras inestables en el plano global.

Ante este panorama, era fundamental para el gobierno dar un mensaje de tranquilidad en el pasado V Informe de Gobierno Presidencial (más los informales que ha presentado). En teoría, los informes presidenciales deberían de ser un balance sobre el estado que guarda la nación en su entorno inmediato, lo que implicaría una reflexión no sólo sobre los logros gubernamentales y los aspectos positivos de la evolución del país, sino también sobre las deficiencias, ausencias, errores y riesgos. Sin embargo, nunca ha sido así. Históricamente, los discursos gubernamentales se han centrado en autoelogios y, como se presentan en momentos críticos, las malas situaciones se atribuyen a razones ajenas a las propias decisiones gubernamentales.

A lo más que se llega a referir lo que aún falta por hacer, pero siguiendo el mismo camino. Los informes del actual gobierno no son la excepción, tal parece que sería suicida un ejercicio autocrítico.
Lo anterior no significa que no haya serie de indicadores en los que es auténtica una valoración positiva. Pero siempre hay una contraparte que confronta los logros, lo cual es normal en una toma de decisiones. Siempre hay, simultáneamente, efectos positivos y negativos.

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Sin duda, el logro más trascendente ha sido la mejora en la distribución del ingreso y la reducción de la pobreza, lo que no se menciona es quienes aun quedan en pobreza, están más pobres y con más carencias.

El segundo aspecto positivo es el de los cambios regulatorios en la normatividad y las políticas laborales. El rescate de los derechos de los trabajadores y el incremento en los salarios mínimos (así como su influencia en la mejora de los salarios medios), representa un cambio mayor en la política laboral mexicana. Sin embargo, la carencia de inspectores del trabajo, el poder monopólico de los grandes corporativos y la gran debilidad financiera y productiva de la mayoría de las microempresas, hacen difícil garantizar el ejercicio real de los derechos. Las grandes empresas tienen el poder de enfrentar al gobierno, las micro suelen no contar con las condiciones para cumplir con obligaciones laborales, el Estado tiene pocos recursos para hacer valer los derechos laborales. El riesgo es que tales derechos queden poco aplicados. En cuanto al salario, hay una mejora para los trabajadores asalariados del sector formal, pero hay cada vez más trabajadores en la informalidad, con ingresos inferiores, o cuando mucho, iguales al mínimo.

Las transferencias sociales son un tercer aspecto plausible, pero en contraparte se han recortado múltiples recursos para ciencia y desarrollo, cultura, deporte e inclusive para la operación regular del gobierno en sectores tan críticos como salud y educación (lo que se muestra con el crecimiento en la población con carencia en el acceso a tales servicios). No es cuestión de retirar las transferencias monetarias, pero tampoco de cortar las capacidades de ciertos sectores clave. Para que alcance para todo no basta con ser honestos y austeros, se requeriría un Estado financieramente más fuerte, que imponga una lógica contributiva mayor a las grandes corporaciones nacionales y trasnacionales, a las operaciones especulativas y a las fortunas faraónicas en cientos o miles de millones de dólares.

Hablando de honestidad, el informe no refiere nada sobre el fraude en SEGALMEX, eje de lo que debería ser la seguridad alimentaria mexicana. No se hace referencia a la concentración de poder económico del Ejército, ni a la auténtica “devolución al pueblo de lo robado” en las administraciones previas. De igual modo, sería socialmente decepcionante que en años futuros nos enterásemos de grandes fraudes de ahora. El combate a la corrupción debería pasar por la detección y castigo de corruptelas presentes.

En cuanto a las obras de infraestructura, y que deberán inaugurarse en este último año de gobierno. Habrá que efectuar un balance sobre su eficiencia, sus costos, sus impactos ambientales y el que efectivamente beneficien predominantemente a las poblaciones y no a grandes capitales.
En materia financiera, el Informe fue una “cachetada con guante blanco” a los detractores empresariales. El plantear a López Obrador como “una amenaza para México”, generaba temores sobre grandes devaluaciones, inflación, un gigantesco desempleo, fuga de capitales, derrumbe en las reservas internacionales de divisas, etc. Los resultados muestran exactamente lo contrario, en especial luego de la crisis del coronavirus. AMLO resultó inclusive más ortodoxo que sus predecesores, lo que caracteriza un gobierno pragmático, pero que también acumula dependencia ante los grandes capitales.
En suma, el gobierno está muy dejos de haber sido un fracaso o una amenaza, ha efectuado cambios positivos importantes, pero está lejos de haber significado una gran transformación.

También se han acumulado rezagos y deficiencias en cuestiones críticas, como en salud y ciencia. La situación tampoco está exenta de riesgos y lo peor sería echar campanas al vuelo. La historia sigue, habrá muchas cosas que recuperar, pero también muchas que cambiar.

Con el año que te queda por vivir…en la presidencia

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