La archidiócesis de Chicago presentó el 24 de marzo una contrademanda contra siete personas que anteriormente habían recibido o tienen acuerdos pendientes por denuncias de abuso sexual infantil por parte del clero, alegando que estos casos forman parte de una red organizada de fraude, informó OSV News.
De acuerdo con la demanda —proporcionada a OSV News por la propia arquidiócesis— al menos 30 personas, incluidos delincuentes convictos, miembros de pandillas y amigos con lazos familiares entre ellos, habrían conspirado para presentar denuncias falsas con el objetivo de obtener compensaciones económicas.
La archidiócesis acusa a los implicados de orquestar un «plan para inventar y presentar denuncias fraudulentas de abuso sexual por parte de sacerdotes con fines lucrativos», estableciendo vínculos con abogados que, según se afirma, estarían dispuestos a buscar acuerdos económicos incluso en los casos más dudosos.
Según la contrademanda, algunos co-conspiradores llegaron a intercambiar dinero antes de recibir cualquier compensación, gracias a préstamos destinados a financiar litigios facilitados por abogados de los demandantes.
“Confiamos y creemos en las personas cuando presentan denuncias de abuso. Estas personas han violado esa confianza y han intentado aprovecharse de ella”, afirmó James Geoly, asesor legal de la arquidiócesis, en un comunicado recogido por OSV News.
Geoly aseguró que la archidiócesis tiene “el deber de oponerse a las afirmaciones que sabemos que son falsas para proteger y defender a los verdaderos sobrevivientes del abuso, que, en última instancia, son los más perjudicados por este tipo de fraude”.
El caso que destapó la investigación, identificado como “Fishy”, surgió cuando la archidiócesis revisó llamadas telefónicas grabadas de un recluso que había presentado una denuncia. En una de estas llamadas, el preso admitió que la demanda era completamente falsa, lo cual llevó a nuevas indagaciones que descubrieron otros intentos similares desde prisión.
Geoly indicó a FOX 32 Chicago que los abogados del arzobispado de Cupich analizaron miles de horas de conversaciones grabadas entre los presuntos implicados, designados como «Does» en la demanda. Estas conversaciones revelaron una supuesta red en la que se compartía información, se prestaba dinero, se redactaban cartas y se conectaba a nuevos denunciantes con abogados específicos.
Entre los nombres mencionados en la demanda figuran tres abogados, referidos colectivamente como «Sí», entre ellos Lyndsay Markley. Aunque en su sitio web se listan acuerdos alcanzados con la archidiócesis por casos vinculados a Daniel McCormack, Markley declaró a OSV News el 1 de abril que no representa a ninguna persona implicada en esta contrademanda ni conoce a los involucrados.
Daniel McCormack, exsacerdote y figura central de muchas de estas reclamaciones, fue condenado en 2007 por abuso infantil. A pesar de su historial de denuncias que se remontan a antes de su ordenación, actualmente vive en el barrio Gold Coast de Chicago, según el registro de delincuentes sexuales.
La archidiócesis sostiene que varias de las personas que recibieron compensaciones usaron el dinero para vacaciones, autos de lujo, y participaron en videoclips musicales, en lugar de destinar los fondos a terapia, educación o apoyo familiar, como estipulan los acuerdos de conciliación.
En una declaración a OSV News, un portavoz de la arquidiócesis aclaró que los demandantes legítimos “no deben temer ninguna contrademanda”, reafirmando el compromiso de la institución con las verdaderas víctimas. “Siempre hemos tratado a los denunciantes con compasión y respeto”, aseguró.
Finalmente, la arquidiócesis busca en su demanda recuperar los daños, costos legales, y obtener medidas cautelares para frenar futuros reclamos fraudulentos. El documento también solicita daños punitivos que podrían duplicar o triplicar las sumas previamente concedidas.