La Audiencia Provincial de Cádiz ha condenado al sacerdote de la diócesis de Cádiz Antonio Casado a dos años y medio de prisión por un delito de apropiación indebida, tras considerar probado que desvió 366.027 euros desde las cuentas de una parroquia en Vejer de la Frontera a sus propias cuentas bancarias.
Según la sentencia recogida por Europa Press, el sacerdote realizó un total de 235 transferencias bancarias con la colaboración de otra acusada, quien ha sido condenada a seis meses de prisión con el atenuante de reparación del daño, al haber devuelto más de 165.000 euros.
Durante el juicio, el sacerdote admitió haber efectuado las transferencias, pero argumentó que utilizó el dinero para costear el traslado y tratamiento en España de un menor gravemente enfermo de un orfanato en Guinea Ecuatorial. Afirmó que esta acción contaba con el respaldo verbal del entonces obispo de Cádiz y que su intención era adoptar al niño.
El tribunal, sin embargo, determinó que, aun en el mejor de los casos, el obispo solo habría brindado apoyo moral, sin autorizar expresamente el uso de fondos parroquiales. La sentencia subraya que un gasto de tal magnitud requería autorización escrita, conforme al canon 1281 del Código de Derecho Canónico.
Asimismo, la Audiencia calificó de «inverosímil» que un sacerdote con su nivel de formación pudiera creer que el proceso de adopción justificaba gastos tan elevados y continuos. Además, destacó que el acusado no informó de la situación al nuevo obispo tras el cambio en la Diócesis. La sentencia concluye que el sacerdote desvió fondos de la parroquia de manera injustificada y sin los permisos correspondientes, motivo por el cual ha sido condenado.
Condenado por el Tribunal de la Rota
Este sacerdote ya fue condenado el pasado mes de octubre por el Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica en España. La sentencia canónica estableció que Casado deberá restituir la cantidad sustraída a la parroquia afectada. Además, enfrenta una prohibición de tres años para ejercer el ministerio ordenado, así como una prohibición indefinida para ocupar cualquier cargo administrativo que implique el manejo de bienes eclesiásticos.
La sentencia también le impuso un período de residencia obligatoria en un monasterio o casa de retiro durante cinco años, en una ubicación designada por el Obispo de Cádiz y Ceuta. Finalmente, Casado deberá asumir los costos judiciales de ambas instancias.
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