Hay personajes que no necesitan máscara porque su cinismo es ya su mejor disfraz. Leticia de la Hoz, abogada de causas turbias y asesora de informes-basura, es uno de ellos.
Hasta hace poco, su nombre resonaba más entre los pasillos del PSOE que en ambientes eclesiales, pero como buena pieza del engranaje ideológico, ha logrado colarse también en la Iglesia, con ayuda de obispos bien colocados y de clérigos que confunden caridad con complicidad.
La noticia publicada por The Objective es demoledora: De la Hoz habría ofrecido 50.000 euros a Carmen Pano —la empresaria que declaró haber entregado dinero en la sede del PSOE— a cambio de retractarse. ¿La condición? Dejar al PSOE fuera y no mencionar a Santos Cerdán. Blanco y en botella: ingeniería del silencio. Y no es un caso aislado. Este mismo medio la sitúa —junto a su socio Ángel Prieto— en el corazón de lo que llaman «la cloaca del PSOE», tanteando a testigos para suavizar declaraciones en tramas de hidrocarburos. El método es viejo: compra el silencio, borra la verdad, reescribe el relato.
Pero lo más escandaloso no es su papel en estas maniobras de encubrimiento político. Lo que debería hacer saltar todas las alarmas es que Leticia de la Hoz lleva años infiltrada en espacios eclesiales. Y no en cualquier sitio: fue asesora de Ángel Gabilondo en la redacción del infame informe sobre abusos en la Iglesia, ese panfleto disfrazado de estudio serio que se basó en encuestas sin fundamento y testimonios sin contrastar, y que fue elevado a categoría de dogma por los mismos que exigen «rigor científico» cuando se trata de cuestionar ideologías de moda.
¿Quién la colocó ahí? ¿Quién le abrió la puerta a una mujer vinculada a la Asociación Infancia Robada, plataforma parasitaria creada por el socialista Juan Cuatrecasas —padre del denunciante de Gaztelueta— y cuya credibilidad judicial ha quedado hecha trizas? ¿Cómo es posible que esta abogada —cuya carrera está sembrada de causas con tufillo político— fuera también abogada rotal por la Nunciatura y defendiera intereses en nombre de la Iglesia?
Peor aún: fuentes fiables apuntan a que el cardenal Omella quiso colocarla en la Conferencia Episcopal. ¿En calidad de qué? ¿De fiscal encubierta del PSOE? ¿De experta en informes a medida? ¿De agente doble en la purga progresista contra sacerdotes incómodos?
Su papel en el caso Gaztelueta fue igualmente revelador: pidió 14 años de prisión para un numerario del Opus Dei —mientras la Fiscalía solo pedía 20 meses por no creer el relato del denunciante—. El Supremo rebajó la pena a 2 años tras desmontar las acusaciones más graves. Pero el daño ya estaba hecho: el objetivo era sembrar sospecha, demonizar a una institución eclesial y convertir una denuncia inconsistente en símbolo de la «pederastia sistémica» que quieren colgarle a la Iglesia.
Leticia de la Hoz no actúa sola. Es parte de una red perfectamente coordinada entre sectores judiciales, políticos y eclesiales progresistas. Su tarea es clara: reconfigurar la narrativa pública sobre la Iglesia, no para purificarla, sino para deslegitimarla, reducirla a una caricatura de sí misma y convertirla en un títere dócil al servicio del régimen. No buscan justicia: buscan sumisión.
Y mientras tanto, los que deberían denunciar esta infiltración callan, o peor, colaboran. ¿Dónde están los obispos valientes? ¿Dónde los que se indignan por la corrupción doctrinal o por las manipulaciones mediáticas contra sacerdotes inocentes? ¿Por qué sigue habiendo prelados que abren las puertas a estos personajes con pasado y presente ideológicamente marcado?
La Iglesia no necesita más comités de expertos ni más abogadas del diablo disfrazadas de defensoras de las víctimas. Lo que necesita es valentía, verdad y fidelidad a su misión. Y para eso, hay que empezar por decirlo claro: Leticia de la Hoz no está aquí para ayudar a las víctimas. Está para ayudar al sistema. Y el sistema quiere una Iglesia sin fe, sin verdad y sin Cristo.
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