La decisión la ha tomado Mario Antonio Cargnello, arzobispo de Salta (Argentina) y, como tal, antiguo superior del encarcelado obispo emérito de Orán, Gustavo Zanchetta, fue acusado de ‘violencia de género’ por una religiosa de las Carmelitas Descalzas.
La denuncia refiere hechos ocurridos supuestamente en el año 2020, los que tuvieron su pico máximo tras la muerte por COVID-19 de una monja del Convento San Bernardo. Al momento del velatorio, las monjas pusieron en el ataúd una imagen de la Virgen del Cerro, lo que habría ofuscado a Cargnello. La molestia llegó a tal punto que el arzobispo ordenó que sacasen la imagen, orden que nadie obedeció, dando paso a que fuera Cargnello el que intentara sacarla, instancia en que una monja, que intervino para evitarlo, forcejeara con monseñor, quien la habría agredido.
Más tarde, las monjas incluyeron en la denuncia al el vicario judicial de la archidiócesis de Salta, Loyola Pinto y de Sancristóval, quien acaba de ser nombrado exorcista de la archidiócesis junto con otro sacerdote.
En el comunicado del arzobispado donde informa del nombramiento de los dos nuevos exorcistas para la diócesis, el arzobispo afirma que «el Demonio sigue empeñado en alejar a las almas de Dios invitándolas, a través de la tentación, a pecar. Por eso podemos afirmar que ese es el peor de los males, y causa de tantos otros. A esto se lo suele denominar, «acción ordinaria del demonio».
Mediación de Roma en el conflicto
El sacerdote murciano, Javier Belda, fue el hombre que envió el Papa Francisco para mediar en el conflicto entre el arzobispo argentino de Salta, Mario Antonio Cargnello, y las Monjas Carmelitas Descalzas de Salta encargadas del monasterio de San Bernardo.
Javier Belda fue el abogado de Gustavo Zanchetta, obispo argentino condenado a cuatro años de cárcel por abusos. Tras la sentencia, el sacerdote español permaneció unas semanas más en Argentina y alegaba estar en otra misión encomendada por Roma.
Belda también fue el hombre designado por el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, para investigar las Fundaciones de la archidiócesis de Madrid y esclarecer lo ocurrido, en un caso que sigue abierto y podría sentar en el banquillo al propio cardenal.
El arzobispado y las monjas alcanzaron un acuerdo «fruto del espíritu de conciliación que las partes han demostrado al responder al llamado que el Santo Padre Francisco realizó a través del Dr. D. Javier Belda Iniesta, a quien nombró su Delegado para ayudar a restablecer el diálogo fraterno entre ambas instituciones, siempre en el respeto de la autonomía del mundo secular y de las competencias que les son propias al Obispo, al Dicasterio competente y a la Priora de la Comunidad».
Además, en dicho acuerdo, se pactó que «los firmantes designan y aceptan al Delegado como Garante de las decisiones adoptadas, figura que ratifica la Santa Sede, encomendándole la supervisión de la implementación, desarrollo y cumplimiento de lo acordado».
En último lugar, ya que los compromisos adquiridos «contemplan las recomendaciones que el Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica había hecho al Monasterio, se suspende la decisión de nombrar Asistente Apostólico hasta el próximo 1 de abril de 2023, fecha en la que el Garante informará sobre el cumplimiento efectivo de los acuerdos firmados».
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