La sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo “estima el recurso presentado por la Asociación Española de Abogados Cristianos contra el Acuerdo 3/2021, de 15 de enero, del presidente popular de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco”, que establecía un límite de 25 personas en celebraciones religiosas.
La organización de juristas informa que «el fallo llega a cuatro días de las elecciones autonómicas del 13 de febrero. En él, el Alto Tribunal sentencia que Mañueco no era competente para restringir la asistencia a celebraciones religiosas como lo hizo. La sentencia define la limitación como “una medida que sin duda es gravosa para la práctica de las manifestaciones colectivas de la religión católica, con afectación de un derecho fundamental, y cuya proporcionalidad es abiertamente insuficiente”.
El Supremo ya admitió las medidas cautelares solicitadas por Abogados Cristianos en las que pedía el levantamiento de la restricción. Para la organización de juristas, el límite de aforo de 25 personas fue una medida “muy severa y extraordinariamente desproporcionada que no respondía a ningún criterio médico o epidemiológico y que jurídicamente no cumplía con el criterio de proporcionalidad, resultando muy amplia y ambigua”.
La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, señala que “según el artículo 81 de la la Ley 7/2005 de la Función Pública de Castilla y León, Mañueco habría cometido una falta muy grave, con sanciones que implicarían la separación del servicio o la suspensión de funciones”. Castellanos solicita que “el PP pida a Mañueco las mismas explicaciones que pidió al PSOE por los estados de alarma ilegales. Ambos casos suponen un condena a gobernantes que se han arrogado competencias ilegalmente”.
🔴 Analizando en rueda de prensa la sentencia del Tribunal Supremo que condena a Mañueco por vulnerar los derechos fundamentales al limitar el aforo en templos.
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Castellanos insiste en que “la limitación de 25 personas fue una prohibición de facto de ir a misa”. “Mientras en la Catedral de Burgos no podían entrar más de 25 personas, en un teatro de la ciudad mucho más pequeño se permitía acudir a más de cien”.
Una diputada socialista pide ilegalizar Abogados Cristianos
Además, la diputada provincial socialista por Castellón Tania Baños, responsable de memoria histórica ha pedido al Gobierno de España, “la ilegalización de aquellos grupos y asociaciones que atentan contra los derechos humanos y democráticos” y especialmente ha pedido “la ilegalización de la asociación Abogados Cristianos” al mismo tiempo que ha pedido que no reciban subvención por parte del Estado porque “transmiten odio y van contra la democracia”. Estas acusaciones contra la organización de juristas viene provocada por la cantidad de pleitos que mantiene Abogados Cristianos en la provincia de Castellón, con motivo de la retirada de cruces de la vía pública o la distribución de libros LGTB a niños en los colegios.
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