La Fundación Sacramental San Justo, es la encargada de gestionar el cementerio Sacramental que lleva el mismo nombre en Madrid y depende directamente del arzobispado.
Según la página web de la Fundación, “el cementerio Sacramental de San Justo es además de lugar de reposo, un auténtico museo al aire libre. Inaugurado a mediados del siglo XIX, este cementerio cuenta con un gran valor arquitectónico en muchas de sus sepulturas y variedades, además de lugar de descanso y recuerdo de grandes personajes ilustres de la historia de España en todos los ámbitos”.
La Fundación Sacramental San Justo, depende directamente de la archidiócesis de Madrid, lo cual significa que monseñor Osoro, en calidad de arzobispo de Madrid, ejerce de presidente de dicha fundación.
Infovaticana ha tenido acceso a documentación que acredita posibles indicios de malas prácticas llevadas a cabo por parte de la anterior dirección de la fundación. Fuentes próximas a la Fundación aseguran, que durante varios años, operarios del cementerio entregaban sobres de billetes al “brazo derecho” del ecónomo de la diócesis de Madrid, José Luis Bravo. Al parecer, era una práctica habitual.
Para poner de manifiesto esta situación, la nueva dirección elaboró un informe que llegó a todos los miembros del patronato en febrero del 2021, incluido al cardenal Osoro. Uno de los miembros del patronato, Mario Lara Sanz, tras la lectura del informe dijo que esta situación había que ponerla en conocimiento de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría General y a la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid. En marzo de ese año, fueron a verle desde el arzobispado, uno de los hombres de confianza del cardenal, quien le pidió que pusiera su cargo a disposición. Finalmente, Lara Sanz presentó su dimisión para evitar problemas. De toda esta situación, tanto el Director General de la fundación, Antonio Naranjo, como Julio Lage, por entonces interventor general de la diócesis, habían informado al obispo auxiliar, José Cobo quien aseguró estar al corriente de la situación que se vivía, según afirman fuentes conocedoras de la situación.
Un informe interno denuncia un cúmulo de irregularidades
La Dirección y Gerencia de la FSSJ, hicieron un informe fechado en el 25 de noviembre del 2020. En dicho informe, se denuncian varias cosas: la existencia de un trabajador (inmigrante senegalés) que reside y presta sus servicios a la fundación de manera irregular; un conflicto con los marmolistas de Granitez S.L por una serie de prácticas irregulares en la prestación de sus servicios profesionales; importantes contingencias fiscales por incorrecta aplicación de la normativa contable y fiscal y por último, presuntos cobros indebidos (sobres con dinero en efectivo) por parte de la anterior Dirección del Cementerio a personas ajenas a la fundación.
De todo esto es informado el Patronato de la Fundación, incluido el cardenal Osoro. La nueva directiva de la Fundación que se hace cargo de la situación, insiste en alertar que “algunos de dichos hechos pudieran ser eventualmente constitutivos de delitos de administración desleal, corrupción entre particulares o blanqueo de capitales” y que por tanto “dichas irregularidades pueden irradiar o generar a su vez otras irregularidades”. En el informe enviado en febrero del 2021 a todo el Patronato se asegura que “se ha podido comprobar que existen al menos indicios de delito que pueden ser solo la punta del iceberg”.
El informe detalla las posibles conductas delictivas llevadas a cabo durante los últimos años y concreta los posibles delitos a los que podrían enfrentarse. Se acusa al anterior Patronato de un supuesto delito de “administración desleal, por la pérdida de ganancia debida a hipotética omisión de obrar ante una operación que le era exigible”. En relación al trabajador en situación irregular argumentan que podría tratarse de “un delito contra los derechos de los trabajadores y contra la seguridad social. Del conflicto con los marmolistas, donde se especifica que existen indicios y no pruebas documentales, “podríamos encontrarnos ante un delito de organización criminal, un eventual delito de tráfico de influencias y un presunto delito contra la Hacienda pública”. Además de todo esto, también se pone de manifiesto el “cobro en efectivo por una persona concreta”. El informe detalla que “todas estas manifestaciones son únicamente indicios y que adolecen por el momento de pruebas documentales”.
Inmigrante en situación irregular
Una de las denuncias que pone de manifiesto la nueva dirección es que al llegar, se encuentran con la situación de tener un trabajador que presta sus servicios en la Fundación de manera irregular y que además vive en las instalaciones de la misma. Esta persona, se encontraba en situación irregular en nuestro país y sin ningún tipo de protección social, sanitaria y administrativa. Además, se detalla, que según los servicios sociales podría tener problemas de salud mental.
Las acciones que se llevaron a cabo por parte de la nueva directiva fue contactar con la Embajada de Senegal para la consecución de la documentación necesaria para residir en España; contactar con el Cuerpo Superior de Policía para arreglar la documentación administrativa y contactar con los servicios sociales, para el diagnóstico y protección de la persona.
Prácticas dudosas detectadas entre la empresa Granitez S.L y la anterior dirección
El informe interno elaborado por la dirección en noviembre del 2020, detalla que, supuestamente, dicha empresa “ha facturado a la Sacramental servicios que no han prestado” y “no han facturado servicios sí han prestado a clientes del cementerio para no tributar por los mismos”. También podrían haber cometido un supuesto “fraude continuado a la Seguridad Social porque han tenido a uno de sus trabajadores trabajando jornadas semanales de 56 horas”.
Por otro lado, se denuncia que “no han pagado alquiler por las dependencias que ocupan en el cementerio desde el año 2006 ni tampoco cantidad alguna por los elevados gastos de luz y agua que este tipo de talleres necesitan para poder desarrollar su actividad”. Sumado a todo eso, se afirma que “no han pagado ninguna licencia durante todo el año 2019 para poder realizar trabajos en el cementerio. Por todo ello, el equipo directivo decide prescindir de los servicios de esta empresa y que asuma internamente la gestión el propio cementerio como un servicio más para prestar a sus clientes.
Presuntos cobros indebidos por personal ajeno a la Fundación
La nueva directiva denuncia que “hace muchos años la dirección anterior del cementerio, presuntamente ha estado entregando, sobres con dinero en efectivo a algunas personas ajenas a la Institución”. Tal y como se recoge en el informe, “en ocasiones dichas personas, presuntamente las recogían personalmente en la oficina siendo los responsables de entregárselas, las propias personas que allí trabajaban”. Otro de los modos de actuación en algunas ocasiones era “presuntamente que los operarios llevaban los sobres al arzobispado y lo entregaran siempre a la misma persona”.
Las cantidades exactas de dinero tampoco se conocen pero alguno de los operarios afirman que eran “sobres abultados” y cerrados con cinta adhesiva dado su grosor. Fuentes conocedoras de la situación, han informado a Infovaticana que la cantidad, supuestamente malversada, manejada en sobres durante esos años podría ascender a unos 800.000 euros.
Como decimos, de toda esta situación, estaba perfectamente informado y al corriente todo el Patronato de la Fundación, del que el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, es el presidente. Además, según afirman fuentes cercanas al caso, el obispo auxiliar José Cobo también era conocedor de la situación con anterioridad a la elaboración de dichos informes.
Ayuda a Infovaticana a seguir informando
El informe habla de presuntos cobros indebidos (sobres con dinero en efectivo) por parte de la anterior Dirección del Cementerio a personas ajenas a la fundación. ¿En concepto de qué y para qué? Esto no lo explica el informe, un informe demasiado vago, que habla en el condicional «podría constituir», podría, podría, podría.
Me temo que Infovaticana, esta vez, está siendo utilizada por quien ha facilitado el informe. Está muy bien denunciar irregularidades eclesiales, pero las acreditadas, no las hipotéticas.
Al juzgado y a la cárcel a quien le corresponda, caiga quien caiga, aunque pueda ser un cardenal.
Me uno sinceramente al deseo expresado por BELZUNEGUI y que no haya irregularidad demostrable -ni de ningún tipo- en este caso del cementerio. De todos modos entiendo que el problema de Osoro es que es muy difícil que se rodee de personas verdaderamente competentes que piense que le pueden hacer sombra. Sólo buscará rodearse de mediocres y de aduladores. Y así le va.