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El juez decreta medidas cautelares en el caso del expolio de las fundaciones de la iglesia

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Esta mañana ha declarado ante el juez como imputado Antonio Chávarri, presidente de Chavarrí Abogados, quien solo ha respondido a las preguntas de su abogado y del fiscal de delitos económicos. Pérez de Leza, máximo ejecutivo de Metrovacesa ha declarado en calidad de testigo, aunque la asociación de feligreses y vecinos, que ejerce de acusación popular, ha pedido al juez que lo impute. En ese momento, el juez ha suspendido la sesión lo que significa que ha tomado en consideración la petición y por tanto estaría estudiando imputar a Pérez de Leza.

David López, expresidente de fundaciones Julio Laje, interventor económico nombrado por Osoro, Manuel Fernández Clemente, secretario de los patronatos y Antonio Naranjo, gerente de las fundaciones junto con la complicidad del despacho de abogados Chevarrí, crearon una supuesta red en la que intentaron dilapidar el patrimonio de las fundaciones a ellos encomendado, para hacer negocio.

Fuentes conocedoras del caso han confirmado a Infovaticana que hoy el juez ha decretado medidas cautelares para paralizar la venta de los inmuebles de la fundación Santísima Virgen y San Celedonio (FSVSC), en concreto la parroquia de San Jorge y la residencia de ancianos. Esta operación entre la fundación y residencias Nebrija, se llevó a cabo por un total de 37 millones de euros, es decir, casi la mitad de su valor. Residencias Nebrija ya había abonado 17 millones de euros y estaba previsto que el próximo 15 de noviembre abonase los 20 millones restantes. «Por todo ello, siguiendo el criterio de la Fiscalia procede acordar la prohibición de disponer sobre el inmueble objeto de la Escritura de compraventa entre FSVSC y Residencias Nebrija, para evitar que se cause un posible perjuicio económico al patrimonio de FSVSC» ha dicho el juez en su auto.

Ese dinero sirvió a la trama para comprar una parcela en Valdebebas por el doble del precio de mercado, lo cual apunta al cobro de comisiones y mordidas gracias a estas operaciones. Con la decisión del juez de decretar las medidas cautelares, todo parece indicar que ve indicios de delito.

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