Empleados del Vaticano dirigen una dura carta de queja al Santo Padre

“¿Cuánto más tendremos que sacrificarnos para pagar un déficit presupuestario que no se deriva de nuestra actividad?”, se pregunta un grupo de empleados del Vaticano en una carta dirigida al Santo Padre, que ha recogido Il Fatto Quotidiano, como respuesta al Motu Proprio del 24 de marzo propuesto por la Secretaría de Economía.

Durante las pasadas navidades, en su alocución al personal que trabaja en el Vaticano, el Santo Padre les dijo: “Ustedes, que trabajan en la Santa Sede, son lo más importante: nadie debe quedarse fuera, nadie debe dejar su trabajo. Nadie debería sufrir el mal efecto económico de esta pandemia”.

Obviando lo extraño de esa última frase, en el sentido de que es imposible que nadie sufra los efectos económicos de una catástrofe por definición, la situación se ha hecho tan difícil para quienes trabajan en la Santa Sede y, sobre todo, en medio de tales contradicciones entre las bellas palabras y los viejos privilegios que se mantienen, que un grupo de esos empleados ha redactado una dura carta dirigida al Santo Padre con sus peticiones y quejas.

Se quejan los firmantes de que, si bien tiene sentido que en una situación de crisis económicas se propongan recortes, como hace el Motu Proprio de 24 de marzo, parece injusto e incoherente que no paguen los culpables de la situación, sino los que no tienen nada que ver con los desmanes recogidos por la prensa y, sobre todo, que se mantenga una estructura de privilegio que no se compadece con los aires de renovación, justicia y misericordia que transmiten los medios vaticanos.

Se quejan de la radicalidad de las medidas, recordando las palabras evangélicas sobre el “justo jornal” que merece el trabajador. “¿Cuánto más tendremos que sacrificarnos para pagar un déficit presupuestario que no se deriva de nuestra actividad?”, se preguntan, añadiendo que el trato que les dispensa ‘la casa’ cae muy por debajo de lo que proporcionan rutinariamente las empresas a sus trabajadores.

Apelan luego a la Doctrina Social de la Iglesia, a la que tan afecto es el Santo Padre, “incluido el respeto a la dignidad del individuo y la promoción de una sociedad justa, para pedir la suspensión de algunas de estas medidas que exigen la limitación del personal, especialmente la reincorporación del período de dos años con efecto retroactivo”.

Pasan posteriormente a enumerar las que consideran principales fallas del sistema, como desigualdad de trato, privilegios desfasados y el maltrato a los empleados. Al tratar el segundo punto, la redacción se vuelve singularmente apasionada: “¿Por qué pagamos, Santidad? ¿Para las arcas del Óbolo para los pobres, para aumentar los salarios de los gerentes laicos o para los muy caros consultores externos a los que se recurre regularmente?”.

De los gerentes privilegiados recuerdan que “ocupan maravillosos apartamentos de la APSA [la sociedad que gestiona el patrimonio inmobiliario de la Santa Sede], situados en las zonas más prestigiosas de Roma, sin pagar ningún alquiler a la Administración en cuestión (se podría hacer un cálculo de los ingresos de alquiler perdidos para los inmuebles ocupados por «privilegio») y sin hacerse cargo de ningún coste de renovación, a diferencia de nosotros los empleados que lo pagamos todo. Además del alquiler gratuito nos gustaría mencionar automóviles para su uso privado, descuentos en compras, secretarios dedicados a ellos, reembolso de gastos de diversa índole, etcétera”.

El documento carece absolutamente de precedentes en ese mundo hermético que es el Estado Vaticano, donde tan frecuente es encontrar activas prácticas y formas que se atacan con vehemencia “ad extra”.