«Ante las informaciones aparecidas en algunos medios, el Arzobispado de Madrid confirma que el cardenal Carlos Osoro aceptó el pasado 9 de octubre la renuncia de Julio Lage como interventor general de la diócesis. La decisión no se había hecho pública porque el arzobispo quería informar debidamente al Consejo Episcopal», dice un comunicado de la diócesis madrileña.
Esta mañana, el diario El País informaba acerca de la polémica en la que se ha visto envuelta la archidiócesis de Madrid en los últimos meses en relación a las operaciones inmobiliarias de dos fundaciones, Fusara y la Fundación Santísima Virgen y San Celedonio, en las que participa el Arzobispado. Uno de los datos aportados por la publicación del medio generalista que se desconocían ha sido la dimisión del hombre que se encargaba de las finanzas de la diócesis, Julio Lage.
«En una carta enviada al purpurado, Lage daba «un paso al lado» por la situación de la COVID-19, en la que se ha visto obligado a «tomar especiales medidas de cuidado y protección» al formar parte «de lo que los expertos llaman grupos de riesgo». Con su salida también abandona otras instituciones en las que participa en calidad de representante del arzobispo o de la Iglesia diocesana, si bien continúa formando parte del Consejo Económico», ha comunicado la diócesis hoy.
Este caso guardaría relación con las extrañas operaciones que las citadas fundaciones realizaron en el pasado reciente: la venta de 14 inmuebles del centro de Madrid y del complejo de la Parroquia de San Jorge, situada cerca del estadio Santiago Bernabéu. Con estas operaciones se habrían obtenido 111 millones de euros, 48 de los cuales se han sido invertidos en un solar en Valdebebas por un valor por encima del mercado.
El Confidencial informó esta semana que la Fiscalía Anticorrupción ha remitido a la Fiscalía de Madrid una querella presentada contra más de una docena de personas ligadas a la FSVSC por la venta de San Jorge ante la sospecha de que esta operación está relacionada con la operación de Fusara.
Estas dos ventas tienen un punto en común: el bufete Chávarri Abogados. Este despacho intermedió entre ambas operaciones. Y algo más, este despacho creó una fundación bajo el nombre de Chávarri por el Bien Común en 2018 que tenía como director ejecutivo a David López Royo -ex delegado de Fundaciones del Arzobispado- y como vocal a Julio Lage, del que hoy conocemos su dimisión.
El País cuenta también como el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, creó una comisión de investigación en junio para conocer de cerca estas dos ventas y cómo pidió asesoramiento a Roma. El Vaticano le sugirió un hombre suyo de confianza que vive en Madrid para que audite las dos operaciones.
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