(NCR)- Stefano Fontana, director del Observatorio Internacional Cardenal Van Thuân para la Doctrina Social de la Iglesia, advierte contra el uso indiscriminado de algunas de estas medidas económicas.
La propagación de la pandemia de COVID-19 por todo el mundo y el consiguiente bloqueo económico motivaron la respuesta de los bancos centrales que, a fin de mantener a flote la economía, prepararon una batería de medidas de emergencia. La Reserva Federal de Estados Unidos fue la primera, diseñando un plan consistente en la inyección de un capital total de 3 billones de dólares en el periodo comprendido entre febrero y junio de este año.
A pesar de la insistencia de la Reserva Federal en la compra de bonos y medidas similares -medidas conocidas como Quantitative Easing- para financiar tal desembolso, algunos economistas sostienen que esto es solo emisión de moneda que no hace más que devaluar la moneda. Sostienen que esto supone también un engaño para el ahorrador medio, pospone el inevitable batacazo económico que gravará sobre las generaciones futuras y agranda la brecha social entre ricos y pobres, con el consiguiente malestar político y social que eso conlleva.
En esta entrevista con el Register, el profesor Stefano Fontana, director del Observatorio Internacional Cardenal Van Thuân para la Doctrina Social de la Iglesia -un think tank para la promoción internacional de las enseñanzas sociales de la Iglesia- sostiene que las soluciones destinadas a paliar los efectos de la pandemia se basan en la falsa premisa de que el Estado cuenta con todas las respuestas. Fontana asegura que este enfoque hace que se perciba al Estado como el único llamado a ejercer la solidaridad, algo que motiva la falta de conciencia social y genera una total dependencia del estado del bienestar y una destrucción de la riqueza.
Por el contrario, lo que se necesita, según señala, es una vuelta a la «economía real», a la «empresa», y a la «conciencia social y moral que encuentra su apoyo y resguardo en la religión católica».
¿Qué dice la doctrina social de la Iglesia acerca de este tipo de políticas fiscales?
Para poder contestar adecuadamente a esta pregunta, y a las que posiblemente vengan a continuación, debemos fijar una premisa. La Doctrina social de la Iglesia se opone a la total centralidad política del Estado y siempre ha sido muy crítica con el proceso de formación del Estado moderno, omnipotente, centralizado y burocrático. No demoniza al Estado: es más, se le dedican diversas encíclicas en las que se indica su correcta función. En Caritas in Veritate se indica que la injusticia que sufren algunas regiones del planeta se debe a la falta de una adecuada constitución del Estado en aquellos lugares. Sin embargo, otra cosa muy distinta es la omnipotencia del Estado.
Es importante señalar estos aspectos porque, incluso en situaciones de crisis económica y social como la actual, se suele apelar, en primer lugar, a la intervención del Estado, aunque sea mediante la emisión de moneda. Por una parte, se trata de una autoridad legítima y uno debería más bien criticar la situación de la Unión Europea, en la que los Estados no tienen tal posibilidad ya que cedieron su autoridad monetaria. Sin embargo, por otro lado, nivela la producción de deuda. Esto hace que surja de nuevo la controvertida cuestión sobre la que Doctrina social de la Iglesia nos sugiere reflexionar: el hecho de que la moneda se emita en base a una deuda, lo que agrava, en conjunto, la inasumible deuda general. Además, la emisión de moneda supone un lastre para las generaciones futuras, ya que agrava la deuda de los ciudadanos y devalúa sus ahorros.
Si tomamos como ejemplo el caso de Italia, el Estado tiene una preocupante deuda pública, aunque las familias cuentan con grandes ahorros. La emisión de moneda ciertamente aligeraría la deuda pública, pero devaluaría los ahorros de las familias y los particulares. Es moralmente inaceptable que el Estado financie sus propios excesos sirviéndose de los recursos de sus ciudadanos, haciendo que la hormiga pague los costes ocasionados por la cigarra. Por consiguiente, la emisión de moneda en momentos de crisis no debe ser ni el único ni el principal recurso.
La mayoría está de acuerdo en que se debía hacer algo para ayudar a los más afectados por esta crisis, ¿era, por tanto, un deber moral, la creación de capital para asistir tales necesidades?
A este respecto, debemos volver, de nuevo, al concepto de centralidad del Estado del que hablaba anteriormente. Hoy en día se considera que el único sujeto llamado a ejercer la solidaridad es el Estado, deber que ejerce mediante la nueva emisión de moneda (la situación de los países europeos es distinta aunque, en definitiva, la abolición del Plan de Estabilidad de la Comisión Europea es, efectivamente, una licencia que permite a los Estados superar el techo de gasto previsto en sus presupuestos generales, algo que, en la práctica, es equivalente a la emisión de moneda).
En otros tiempos existían otros modos y otros sujetos encargados de apoyar a las personas necesitadas que, en general, no utilizaban los servicios sociales estatales, evitando esa colosal estructura burocrática y que expresaban su solidaridad desde la base social, la sociedad civil. Ahora que se han desmantelado esas redes de apoyo, el único sujeto capaz de emprender la acción solidaria es el Estado. Pero lo hace mediante el gasto de recursos públicos, con metas autorreferenciales (el primer objetivo del aparato estatal es preservar el aparato estatal) y con la consiguiente desmovilización de la sociedad.
La emisión de moneda es posible, pero con dos limitaciones: la primera es que se destine a paliar las emergencias económicas las personas, las familias y las empresas; la segunda es que esta deuda debe poderse subsanar en un futuro cercano. Si uno se endeuda para comprar una vivienda familiar debe reestructurar su economía a fin de poder saldar esa deuda en un periodo determinado. No sería lógico que uno se endeudase y legase la deuda a sus herederos.
El grupo de trabajo convocado por el Papa para abordar la crisis causada por el COVID-19 habla con detalle sobre la solidaridad, la caridad y el impacto socioeconómico de la pandemia, pero no se pronuncia sobre la responsabilidad fiscal. ¿Cuáles deberían ser las enseñanzas de la Iglesia a este respecto y cuáles serían los mejores modos, también desde una perspectiva moral, para que los Estados ayudasen a los pobres en momentos como este?
La postura actual de la Iglesia respecto a la denominada responsabilidad fiscal es compleja y, a menudo, poco clara. Se suele decir, de modo superficial, que aquellos que no pagan sus impuestos impiden que el Estado no ayude a los pobres. Los hombres de Iglesia suelen condenar a los evasores de impuestos. Sin embargo, al hacerlo suelen olvidarse de que la política tributaria por parte del Estado debe articularse conforme a criterios morales: su finalidad orientada al bien común, su proporcionalidad y su limitación razonable, por ejemplo. Una carga impositiva demasiado elevada atenta contra importantes principios de la Doctrina social de la Iglesia. Ayudar a los pobres podría conllevar una reducción de impuestos para que las empresas funcionen mejor y se reduzca el desempleo. El Estado ayuda a los más necesitados no sólo interviniendo, sino también retirándose; no sólo aumentando su presencia, sino también disminuyéndola para que así, quienes por ley natural tienen el deber de actuar, lo hagan. La Iglesia puede llevar a cabo obras de caridad directa en el caso de necesidades urgentes, pero no puede limitarse a eso. Debe enseñar su doctrina social y dirigir el trabajo de los laicos y de todos los hombres de buena voluntad para que, así, actúen de manera que sea conforme a la naturaleza de las cosas y las relaciones sociales.
En su opinión, ¿cómo podríamos restablecer una economía sana construida sobre valores justos y una moneda firme?
La prevalencia del mundo de las finanzas sobre la economía real, la preponderancia del Estado sobre las familias y la sociedad civil, la artificiosa construcción de la maquinaría burocrática que a veces sofoca el sentido común, el exagerado globalismo que duplica los vínculos naturales y los sustituye con un sistema artificial diseñado por los poderosos, la destrucción de la familia como primer centro educativo, social y de producción nos dicen que debemos volver a la realidad, a la economía real, a la empresa, a la expansión de la propiedad privada contra las grandes corporaciones, a la responsabilidad moral garantizada y sostenida por la religión católica, a la prohibición de la usura que la Iglesia siempre ha predicado y que sigue teniendo importantes implicaciones, a la eliminación del trabajo resultado de ese supuesto «estado del bienestar» y que es presa de los intereses políticos y no del trabajo real, que no será producido por el Estado sino por distintos sujetos económicos si se les deja libres para hacerlo. Todo esto haría posible volver a la sociedad que usted menciona.
Publicado por Edward Pentin en el National Catholic Register.
Traducido por Verbum Caro para InfoVaticana.
Ayuda a Infovaticana a seguir informando
La mayor biblioteca que hay en el mundo sobre DSI esta en el Valle de los Caidos, lamentablemente los españoles y esta web no han prestado atencion a los estudios que alli se hicieron sobre esta materia durante mas de 20 años. Una vez oi a un señor decir que su tesis era sobre este tema. Lo que el me conto seria muy aplicable a la actual situacion.
Aguda y pertinente reflexión teológica para quienes confunden la caridad cristiana con la redistribución coactiva y requisadora de la riqueza ajena desde una instancia gubernamental.
El pueblo también es culpable, pregunta por ahí quien está en contra del asesinato de niños bajo cualquier circunstancia (si hay que decidir entre la muerte de madre o niño, no es asesinato, aunque preferible la madre bautizada para poder bautizar al niño).
Entonces el pueblo también es culpable. Un pueblo que asesina a sus niños en el vientre de sus madres, no se merece otra cosa que hambrunas, muerte, pestes, guerras, esclavizadion, asfixias y confinamientos, es un pueblo maldito, esto es España.