Eritrea prioriza acabar con la labor social de la Iglesia

La paz con Etiopía y el fin de las sanciones de la ONU en 2018 no han mejorado la situación de los derechos humanos en Eritrea. El régimen de partido único, «comunista y antirreligioso, busca entorpecer el ejercicio de la fe», explica un laico consagrado que tuvo que huir

(Alfa y Omega)- En Eritrea, aludir en el funeral de un feligrés a su compromiso político puede llevar al sacerdote a acabar en una lista de sospechosos de disidencia. Así le ocurrió a un religioso que pide permanecer en el anonimato. «Los funcionarios y los fieles informan al Gobierno si escuchan referencias políticas o críticas en las homilías», cuenta a Alfa y Omega. En 2018 organizó una peregrinación a una parroquia de Etiopía como «acto de hermanamiento» después de que ambos países firmaran la paz. Supo que querían meterle en la cárcel por ello, y huyó definitivamente al país vecino.

Eritrea es el sexto país en el ranking de persecución religiosa de la organización Open Doors, y tiene uno de los peores datos de respeto a los derechos humanos del mundo. Desde su independencia en 1993 está gobernado por un partido único, de corte marxista y muy represivo. La mejora de la relación con Etiopía, Yibuti y Somalia en 2018 y el levantamiento de las sanciones de la ONU no se han reflejado en el interior del país, donde Human Rights Watch denuncia detenciones arbitrarias, desapariciones y torturas.

Otra práctica duramente criticada es el reclutamiento forzoso de jóvenes de ambos sexos para un servicio militar indefinido. «Algunos lo comenzaron durante la guerra con Etiopía (1998-2000) y aún no lo han acabado», explica el religioso. La alternativa a este obstáculo a cualquier plan de futuro es la cárcel o huir. Por eso el país se vacía de jóvenes.

«Buscan debilitar la fe»

Por su carácter «comunista y antirreligioso», el régimen «busca de forma sistemática debilitar la fe religiosa y entorpecer» su ejercicio, añade el laico consagrado y diplomado en Derecho Ziyum Fesehae, también refugiado en Etiopía. Era profesor de Ética en Asmara, la capital eritrea, y trabajaba para que su país «sea una democracia». No había recibido amenazas explícitas. «Pero familiares que trabajan en el Gobierno me aconsejaron irme si quería seguir dedicándome a la política». Ya en 2007 pasó cuatro días en prisión por oponerse a que el Gobierno se quedara con la granja que dirigía, de una institución católica.

Acabar con la labor social de la Iglesia es una de sus prioridades. Las principales religiones (ortodoxia, catolicismo, luteranismo e islam sunita) deben registrarse, pero gozan de libertad de culto y pastoral. No así las iglesias pentecostales y otras realidades, que están prohibidas. Pero la fe se considera del «ámbito interno». Y no debe salir de ahí. «En las instituciones públicas está prohibido hablar de ella, reunirse a rezar o tener una Biblia», explica este refugiado. Y la labor social «corresponde al Gobierno», decreta la Proclamación 98/1995, que regula la práctica religiosa.

La cuestión se pospuso por el conflicto con Etiopía, pero al ir solucionándose el enfrentamiento, se retomó. «En 2017 se cerraron algunas clínicas católicas porque había otras del Gobierno cerca», narra Fesehae. Hace justo un año se dio un paso más con el cierre de otras 22, en «áreas sin atención sanitaria pública». «Entraron rompiendo las puertas, se llevaron las ambulancias y otros recursos», añade su compatriota religioso. Los sacerdotes y religiosas que intentaron defender sus propiedades pasaron varios días en la cárcel. En septiembre se sumaron centros de Secundaria católicos, ortodoxos y protestantes. El año que viene será el turno de los de Primaria.

Sin embargo, no es fácil escuchar testimonios de la persecución. La Iglesia en el país es extremadamente prudente, y ni siquiera fuera del país se habla con libertad. «Eritrea tiene espías en distintos países y, si alguien es crítico, sus familiares son perseguidos», explica el padre Petros Berga, delegado de Pastoral Social de la archidiócesis católica de Adís Abeba (Etiopía). De hecho, si ocurre con personas que han solicitado asilo en Etiopía el régimen eritreo «intenta que sean devueltos como criminales», sobre todo si aún no han sido reconocidos como refugiados. Es uno de los motivos por los que Fesehae tiene como meta Italia.

Publicado en Alfa y Omega por Belén Manrique (Adís Abeba) / María Martínez