Pell: Un análisis canónico

Análisis: Pell y los políticos de Roma
Ciudad del Vaticano, 23 de agosto de 2019 – La decisión de esta semana del Tribunal de Apelaciones de Victoria marcó la aparente conclusión del juicio penal contra el cardenal George Pell, en Australia.
Si bien el cardenal aún puede ejercer su derecho final de apelación ante el Tribunal Supremo del país, los expertos legales y las personas cercanas a Pell son escépticos de que tal petición sea aceptada, y mucho menos de que se emita un veredicto a su favor.
Probablemente no habrá más avances civiles y es casi seguro que Pell permanecerá en la cárcel en un futuro inmediato, por lo que ahora la atención se dirige a Roma, donde aún está pendiente un proceso canónico.
Dadas las preguntas planteadas sobre el modo como los tribunales australianos han tratado su caso, la forma en que se desarrolle ese proceso tendrá una importancia definitiva, no sólo para Pell, sino para la credibilidad de la Iglesia y su sistema legal independiente que se remonta al Imperio romano.
Pell se enfrentará a un proceso canónico en la Congregación para la Doctrina de la Fe por cargos de delitos de abuso sexual de menores, los mismos cargos presentados contra él en Victoria. Pero a qué tipo de proceso se enfrentará y cuándo, son preguntas que permanecen sin respuesta.
Con el interés planteado por los expertos y los observadores sobre la contundencia de las pruebas en su contra, parece muy poco probable que Pell se enfrente al tipo de procedimiento administrativo abreviado como el que se utilizó para el caso de Theodore McCarrick.
El proceso administrativo abreviado está reservado en el Derecho Canónico a los casos en que los hechos son razonablemente claros, o en que la prueba tiene carácter explicativo. En muchos casos de abuso sexual clerical, las autoridades canónicas aceptan como prueba efectiva una condena civil, ya que decretan como prueba todos los actos del caso civil.
Sin embargo, debido a la prohibición en curso de informar sobre los dos juicios por jurado de Pell (que arrojaron dos resultados muy diferentes), pocas de esas pruebas originales son de dominio público, por lo que se aportarían al proceso canónicos como nuevas.
Además, a diferencia de Theodore McCarrick, Pell no dejó una serie de acuerdos legales tras él en sus antiguas diócesis, ni se enfrenta a un gran número de acusadores durante un período prolongado de tiempo. Fue condenado en Victoria por el testimonio de un solo hombre.
La naturaleza polémica del resultado, con la opinión disidente de un respetado juez, significa que el interés público y la observación permanecen en su punto álgido, y un proceso apresurado probablemente plantearía serias preocupaciones en la comunidad legal de la Iglesia.
Todos los indicios apuntan a que Pell recibirá un juicio canónico completo, un proceso que, si se le permite desarrollarse por completo, puede apoyar cualquier sistema judicial secular por la rectitud legal del mismo. Pero ese es un gran «si».
El primer obstáculo será el acceso a las pruebas directas y los testimonios. El acusador de Pell tendría que testificar nuevamente ante el tribunal canónico, y los canonistas de ambas partes tendrían la oportunidad de hacerle preguntas, por lo que no hay garantía de que esté interesado en participar.
Además, si bien es probable que la mayoría de los testigos en la defensa de Pell, si no todos, estarían disponibles para testificar nuevamente, el propio Pell está en prisión, lo que dificultaría su comparecencia ante un tribunal.
Pero suponiendo que un tribunal canónico pueda recibir toda las pruebas y el acceso que necesite, los partidarios de Pell y los jurisconsultos podrían sentir tanta inquietud por la justicia de un proceso canónico como la han tenido sobre el proceso penal en Victoria.
En el funcionamiento ordinario, el juicio de Pell -como el de cualquier obispo- sería manejado por un tribunal de tres o cinco jueces, generalmente cardenales o arzobispos, especialmente seleccionados por el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, bajo la autorización del papa.
Estos jueces normalmente son elegidos por su experiencia legal y judicial, y el juicio se lleva a cabo independientemente de los temas ordinarios de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Pero, cualquiera que sea la conclusión a la que lleguen las deliberaciones de dicho tribunal en el caso de Pell, es poco probable que sea la última palabra.
En el pasado, el papa Francisco ejerció su prerrogativa de juzgar él mismo los casos de alto perfil y, dada la talla de Pell y la importancia de cualquier resultado posible, puede que le resulte imposible delegar una decisión final sobre el asunto.
Si el caso llega al escritorio papal, Francisco probablemente se encontrará recibiendo consejos tanto diplomáticos como legales.
Mientras que el proceso legal de la Congregación para la Doctrina de la Fe puede establecerse para resistir las presiones externas, muchos en la Secretaría de Estado consideran que la situación de Pell es potencialmente una crisis diplomática que habrá que resolver.
Si el tribunal del Vaticano absolviera a Pell de los cargos por los que fue condenado, muchos lo percibirían como una acusación al sistema de justicia australiano y un reconocimiento tácito de que Pell está encarcelado por un sentimiento anticatólico.
Las consecuencias diplomáticas podrían alimentar una ola de llamadas de los líderes internacionales para poner fin al estatus soberano de la Santa Sede en el derecho internacional.
Por otro lado, si Pell fuera condenado canónicamente, quienes en la Iglesia creyeron que el juicio del cardenal en Australia fue fundamentalmente injusto, podrían llegar a la conclusión de que la Iglesia ya no tiene un sistema legal independiente, y que los obispos y los sacerdotes de todo el mundo no deberían considerar Roma para una audiencia justa.
Ese resultado podría llevar a la disensión dentro de todo el episcopado, ya en conflicto.
Consideraciones diplomáticas aparte, Pell, en particular, ya puede tener motivos de preocupación.
Como prefecto de la Secretaría de Economía de la Santa Sede, Pell era abiertamente detestado por muchos de los líderes de la curia.
Los esfuerzos del cardenal australiano de ofrecer total transparencia financiera y rendición de cuentas a la curia en los primeros años del pontificado de Francisco se toparon con la resistencia interna de la propia curia: en un famoso incidente, la Secretaría de Estado maniobró sin el conocimiento de Pell para cancelar una auditoría independiente que ya había sido anunciada. Desde su regreso a Australia, las reformas de Pell han sido revocadas en gran medida por quienes estarían enormemente interesados en su caso en Roma.
El cardenal Pietro Parolin, el Secretario de Estado del papa, cada vez más omnipotente, es conocido desde hace años por «revisar» los casos de la Congregación para la Doctrina de la Fe que considera de mayor importancia para la Santa Sede. Hace mucho tiempo que los canonistas responsables de la administración de justicia se quejan de la «presión» que se aplica desde el otro lado de la plaza de San Pedro.
Un miembro de alto rango de la Iglesia en Roma, familiarizado con varios juicios del Vaticano, le dijo a la CNA que los intentos de Parolin de involucrarse en los casos han sido importantes.
“Cuando se le dijo [a la Congregación para la Doctrina de la Fe] que básicamente dejara de hablar con el Estado, [Parolin] empezó a llamar a los nuncios para monitorear la correspondencia entre la Congregación y los lugares donde los casos estaban en curso. Fue un problema grave».
Como asesor principal del papa en casi todos los aspectos del gobierno de la Iglesia, el consejo de Parolin podría ser decisivo en cualquier decisión que el papa tome sobre Pell.
En marzo, Parolin calificó la noticia de la condena de Pell como «impactante y dolorosa». El 28 de febrero, le dijo a L’Osservatore Romano que el caso de Pell «es un incentivo para continuar en la línea del Papa: luchar contra este fenómeno y prestar atención a las víctimas».
Si bien no hay certeza acerca de cómo Parolin podría aconsejar al Papa, un miembro del personal diplomático del Vaticano le dijo a la CNA que Parolin es un pragmático.
«Inocente o culpable, la realidad es que Pell está condenado en una prisión australiana», dijo.
«El cardenal pone la estabilidad del estatus diplomático de la Santa Sede en primer lugar – si no lo cree, pregúntele a los chinos», dijo, en referencia a la cantidad de obispos y sacerdotes chinos encarcelados por Beijing, a pesar de un acuerdo histórico entre China y el Vaticano, en 2018.
Si Pell apela ante el Tribunal Supremo de Australia, su caso canónico se retrasará hasta la conclusión de dicha apelación. Pero, una vez que llegue a Roma, Pell y su defensa pueden descubrir que la política del Vaticano que dejó en 2017 todavía tiene relevancia en su futuro.
Publicado por Ed Condon en Catholic News Agency.
Traducido por Verbum Caro para InfoVaticana.