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La eutanasia, la baza del PSOE frente a la parálisis de Podemos

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No es la primera vez que el PSOE propone tal cosa. De hecho, empieza a ser un clásico que enarbola cada vez que se aproxima un proceso electoral.

Fernando Paz / La Gaceta

El pasado 3 de mayo, el Partido Socialista Obrero Español anunció su intención de presentar una ley de “nuevos derechos” con el objeto de convertir la eutanasia en un derecho constitucional.

No es la primera vez que el PSOE propone tal cosa. De hecho, empieza a ser un clásico que enarbola cada vez que se aproxima un proceso electoral, como ya hizo en la convocatoria de 2004, cuando aseguró que si ganaba las elecciones iba a legalizarla. Terminada la doble legislatura de Rodríguez Zapatero, ni se había molestado en ponerla en marcha.

Cuando terminaba esa primera legisltura, la que concluyó en 2008, anunció que “Promoveremos la creación de una Comisión en el Congreso de los Diputados que permita debatir sobre el derecho a la eutanasia y a una muerte digna, los aspectos relativos a su despenalización, el derecho a recibir cuidados paliativos y el desarrollo de tratamientos de dolor”. Se abstuvieron, empero, de aprobarlo, alegando que ‘no es una demanda mayoritaria de la sociedad’.

Un nuevo enfoque

Este semana pasada, el PSOE ha vuelto a retomar la vieja cantinela eutanásica, refiriéndose a ella mediante la ya conocida terminología de “muerte digna”, en palabras del secretario de Justicia y Nuevos Derechos, Andrés Perelló, y de la secretaria de Sanidad, Luisa Carcedo.

El proyecto socialista incorpora algunos conceptos que antes aparecían más difusos, y ya no se limita a contemplar la eutanasia desde la perspectiva del dolor terminal del anciano que sufre; lo que ahora se propone es que pueda aplicarse a aquellas personas “que deciden no vivir más” en casos de grave discapacidad y cuyo sufrimiento sea “insoportable”.

Los socialistas no ignoran que el estadio actual de los cuidados paliativos hace innecesaria una ley de este tipo. No es ese el fin que persigue. La experiencia de otras leyes en España, así como de las leyes de eutanasia de otros países, nos induce a considerar que la consideración acerca del sufrimiento no es más que la salvaguarda de una iniciativa que busca su aprobación: lo esencial es que se consagra ese derecho a “decidir no vivir más”, de momento expresado de manera restrictiva, restricción que no tardará en saltar por los aires.

Objeción de conciencia

Cuando esta cuestión se planteó en 2004, hubo socialistas de peso – como José Bono y Pepe Blanco, a quienes se adscribía a una corriente católica – que manifestaron fuertes reticencias, pues se trata de una cuestión esencialmente moral.

Planteada en esos términos, el incluir dicha “prestación de ayuda para morir” entre los servicios del Sistema Nacional de Salud, con la correspondiente financiación pública (incluso si se ejecuta en el domicilio del solicitante), implica a los profesionales sanitarios.

La propuesta del PSOE reconoce la objeción de conciencia: el rechazo individual será reconocido, si bien deberá manifestarse con anticipación y por escrito, de manera formal y oficial. Se creará, así, un registro de profesionales objetores de conciencia.

La Iglesia se opone

A través de un vídeo-comunicado José María Gil Tamayo, portavoz de la Conferencia Episcopal, ha manifestado su preocupación por la propuesta socialista, a la que ha calificado de “monumento a la insolidaridad y al descarte humano” (utilizando un lenguaje característico de este pontificado).

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El portavoz eclesial ha calificado de “falso derecho” el que se pretende aprobar y llevar a la sociedad española “de una manera artificiosa”. Y es un falso derecho porque, según Gil Tamayo, lo que en realidad se pretende es “legalizar el suicidio”.

Lo que la CEE propone es disponer los recursos públicos para ayudar a las personas que se encuentren en esas situaciones extremas, en lugar de para acabar con sus vidas. La clave son los cuidados paliativos para aquellos que se encuentren “en situación de debilidad absoluta por enfermedad o por dependencia”: el derecho a la vida de todo ser humano aún “en situación de debilidad absoluta por la enfermedad o por dependencia” es “inalienable”.

La atención sanitaria, sigue la CEE, debe prestarse “conforme a la dignidad humana”.

El ejemplo holandés

La experiencia de otros países europeos transmite una enorme inquietud.

Es el caso de Holanda, donde en el año 2000 se aprobó una ley que establecía la aplicación de la asistencia al suicidio, y en la que se establecía la libre, consciente y voluntaria demanda del paciente como requisito indispensable para su solicitud, que solo se atendería en evitación de sufrimiento extremo; la realidad es que, desde junio de 2010, la eutanasia es aplicada a los enfermos en estado inconsciente.

La teoría dice que el médico debe solicitar una segunda opinión e informar a una comisión de control -integrada por un jurista, un médico y un experto en ética-, que dictamina si el procedimiento practicado ha cumplido las disposiciones de la ley. De hecho, la eutanasia sigue figurando como delito en el Código Penal y el médico puede ser condenado hasta a 12 años de cárcel en caso de incumplimiento de los requisitos legales.

Para Reiner Mansch, de la Universidad de Götingen, la realidad es que, hoy, el 25% de las “muertes asistidas” producidas en Holanda lo son sin el consentimiento del enfermo, sino tan solo debido a “la incapacidad de los familiares para continuar con la situación del enfermo hasta el final.” La banalización de la muerte se ha instalado en la sanidad holandesa hasta el punto de que, de acuerdo a la muy prestigiosa revista médica The Lancet, los médicos intervienen en el 40% del total de fallecimientos en los Países Bajos para acelerar el proceso. Según el doctor K.F. Gunning es frecuente que el traslado de un anciano desde un centro saturado a otro venga acompañado de la recomendación “suministre al anciano una inyección letal”.

La población de mayor edad desconfía de sus familiares, que pueden solicitar la eutanasia para ellos sin consultarles. Al menos ocho hospitales, según un estudio de la Universidad de Utrech firmado por el doctor H.W. Hilhorst, practican con regularidad la eliminación activa de ancianos que no lo han solicitado. Aún peor: la Universidad de Göttingen ha denunciado que en el 11% de las eutanasias que se practican, nadie se molesta en consultar a los pacientes, aunque estos se encuentran en situación de decidir.

Según las encuestas de la Fiscalía General, esto se ha extendido a muchos enfermos inconscientes o bebés nacidos con malformaciones.

Aterrorizados

Los 4.000 casos anuales en Holanda han dado lugar a que la Asociación Holandesa de Pacientes publicase una nota en la prensa del país denunciando que se estaba convirtiendo en costumbre el matar a los pacientes sin su voluntad ni su consentimiento y, ni siquiera, el de los familiares. El sistema ha adquirido tal autonomía que son las autoridades sanitarias quienes deciden sobre la vida y la muerte con absoluta independencia de las opiniones de pacientes y familiares.

A consecuencia de estos hechos, numerosos ancianos holandeses han emprendido una huida al otro lado de sus fronteras. El éxodo de ancianos (y de enfermos) comenzó en el segundo semestre de 2002, y se intensificó en los meses siguientes. Han llegado a formar grupos, escapando de sus familias -de las que también han terminado por desconfiar- para alcanzar la localidad fronteriza alemana de Bolcholt, en la que los alemanes han abierto asilos para acogerlos. Los ancianos holandeses arrostran con alegría los inconvenientes que supone marchar a un país extranjero con un idioma distinto. El premio es la supervivencia.

Además de los recién nacidos, la eutanasia se amplió en 2002 a los menores entre los doce y los dieciséis años, en cuyo caso basta el acuerdo de los médicos y de uno de los padres; dos años después, en 2004, se extendió a los menores de doce años, y otros dos más tarde, el parlamento holandés la extendió a los dementes: en este caso, se reconoció desde el primer momento y sin ambages la absoluta autoridad de los médicos sobre sus vidas.

Un decidido partidario de la eutanasia, el dr. Verhagen –que reclama haber practicado la eutanasia a cuatro recién nacidos- defiende que los médicos hayan de decidir por aquellos que no son competentes para hacerlo: niños y dementes. Para Verhagen, en el caso de los primeros, hay que “tener en cuenta” la opinión de los padres, pero la decisión definitiva ha de tomarla siempre el médico. En Holanda, los padres ya no tienen el control sobre las vidas de sus hijos recién nacidos.

Desafío progre

La cantinela de la “ampliación de derechos” es el sello característico de las propuestas programáticas progresistas. Ante la ausencia de oposición a ese tipo de ideario, la opinión pública está inevitablemente inclinada en un sentido, lo que da lugar a una deriva social muy peligrosa.

El PSOE se encuentra en estos momento en una evidente pugna por hegemonizar el espacio más a la izquierda de la política española, que no hace tanto copaba y que hoy ha perdido, en parte, a manos de Podemos.

Eso le está llevado a elaborar un discurso fuertemente progre, desde la memoria histórica a la eutanasia. Es el momento: frente a la parálisis podemita – empeñada en una movilización de dudosos frutos – lo que importa es mostrarse activos, con iniciativa, en vanguardia.

La eutanasia les proporciona ese discurso. Acostumbrados en España, como lo estamos, a jugar con las cosas más sagradas, el precio es lo de menos.

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