El Consejo de Estado de Francia, rama del gobierno que actúa como corte suprema, decidió el 5 de enero permitir a médicos desconectar el soporte vital a Inés, una niña de 14 años en estado vegetativo, contra la voluntad de sus padres.
Debido a una enfermedad autoinmune muscular, Inés sufrió un ataque cardiaco en junio de 2017. Desde entonces se ha encontrado en estado vegetativo, en el hospital universitario de Nancy, al noreste del país.
Los médicos decidieron detener el tratamiento a la menor y desconectar la ventilación mecánica que la asiste, al considerar que su situación es irreversible, pero los padres, de religión musulmana, recurrieron la decisión ante el Tribunal Administrativo de Nancy. Al recibir un fallo contrario el 7 de diciembre, apelaron al Consejo de Estado.
Para los padres, desconectar a su hija sería un “crimen”.
Sin embargo, el Consejo de Estado determinó que «depende del médico a cargo de la niña evaluar si se debe ejecutar la decisión de interrumpir el tratamiento y en qué momento”. La instancia judicial justificó su decisión en una ley de 2016 que permite suspender los tratamientos al paciente cuando estos pueden resultar «inútiles, desproporcionados y no tienen más efecto que el mantenimiento artificial de la vida».
Esa misma ley, sin embargo, prohibe la eutanasia o el suicidio asistido.
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