El Papa, coherente con la doctrina católica, rechaza al embajador masón propuesto por Líbano

Johnny Ibrahim tendría vinculaciones con el Gran Oriente francés. El propio Ibrahim ha reconocido su pertenencia a la masonería, aunque asegura no ser ya un miembro activo.

El Vaticano ha rechazado las credenciales del embajador del Líbano elegido por Beirut ante la Santa Sede, Johnny Ibrahim, una medida excepcional que, si hemos de creer a Franca Giansoldati, del periódico italiano Il Messagero, tendría una causa muy sencilla: Ibrahim es masón.

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Al menos, dice Giansoldati, Ibrahim, hasta ahora cónsul general del Líbano en Los Ángeles, tendría vinculaciones con el Gran Oriente francés, una de las dos grandes obediencias masónicas. El propio Ibrahim ha reconocido su pertenencia a la masonería, aunque asegura no ser ya un miembro activo.

El veto vaticano, que por lo demás nadie teme que afecte a las relaciones de la Santa Sede con ese país mediooriental con una amplia población cristiana, viene por lo demás a confirmar la condena de la Masonería por parte de la Iglesia y ayuda a clarificar un debate que se arrastra desde hace décadas, sobre si se ha cambiado la consideración canónica de la célebre sociedad secreta.

Sí ha habido un cambio, e incluso un periodo de incertidumbre, no tanto en la condena a la Masonería -incompatible en sus fines con la Iglesia Católica en cualquier caso- como en las penas canónicas en las que incurriría un católico que pasara a formar parte de una logia.

Si antaño la obediencia masónica llevaba aparejada la excomunicación ‘latae sententiae’ -en la que se incurre sin necesidad de proclamación alguna-, en la actualidad la pena no es tan severa. El Códifo de Derecho Canónico vigente, promulgado por San Juan Pablo II el 25 de enero de 1983, señala en su canon 1374:

«Quien se inscribe en una asociación que maquina contra la Iglesia debe ser castigado con una pena justa; quien promueve o dirige esa asociación ha de ser castigado con entredicho».

Los cambios con respecto al mismo asunto en el Código de 1917 son esencialmente dos: que la pena no es automática y que no se menciona expresamente a la masonería como asociación que conspire contra la Iglesia.

Pero lo que corrió por los mentideros vaticanos cuando se introdujo este cambio fue que la Iglesia estaba iniciando una lenta aproximación a la Hermandad que culminaría, con el tiempo, en un levantamiento general de toda condena tras una ‘guerra a muerte’ de siglos.

Cuentan, incluso, que el Cardenal Biffi, que participó en las reuniones de reforma del código, aprovechó una pausa para tomar café para comentarle al Santo Padre su alarma ante la posibilidad de levantar la condena a los masones. «Si Su Santidad levanta el veto canónico a la Masonería -vino a decir-, el próximo cónclave parecerá una tenida en una logia».

Se non è vero, e ben trovato, y se sabe que Biffi se mostró en sus últimos años especialmente preocupado por lo que temía ser una dilución y relativización de la doctrina que llevase a una ‘apostasía de facto’, un camino en el que la ‘reconcilización’ con la hermandad masónica sería solo un paso clave. La pertenencia de colegas suyas del Colegio Cardenalicio a la logia P2, desenmascarada como consecuencia de un escándalo esos años, hace explicable su alarma.

El rumor se volvió tan peligrosamente insistente que, un día antes de la entrada en vigor del nuevo código en 1983, el Cardenal Ratzinger, entonces prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, hizo pública una aclaración exponiendo que el criterio de la Iglesia no ha cambiado en absoluto, y que si no se citaba expresamente la Masonería era solo para que se considerasen incluidas otras sociedades secretas. Los principios de la masonería siguen siendo incompatibles con la doctrina de la Iglesia, asegura la misiva, y los fieles que pertenezcan a obediencias masónicas no pueden acceder a la Comunión, no por estar excomulgados sino por hallarse en pecado mortal.