Adolfo González Montes se pronuncia sobre la sentencia que obliga a readmitir en su puesto como profesora de Religión a Resurrección Galera, despedida por casarse por lo civil con un divorciado: «Nadie me puede obligar a otorgar la venia religiosa para enseñar Religión.»
¡Albricias, un obispo que se la juega y se niega a acatar una sentencia! Se trata del ordinario de Almería, Adolfo González Montes, y la sentencia obligaba a readmitir en su puesto como profesora de Religión a Resurrección Galera, despedida en el curso 2010-2011 por casarse por lo civil con un divorciado.
Que doña Resurrección tiene todo el derecho a vivir como le dé la gana es evidente en un Estado de Derecho y de libertades; pero que la Iglesia Católica, encomendada con la supervisión de lo que es su propia doctrina, tiene el mismo derecho a decidir quién está en condiciones para impartirla también es de cajón.
O debería. Hace poco escribimos aquí mismo sobre la orden ejecutiva de Obama que recientemente derogó Trump y que obligaba a las empresas y corporaciones a pagar los métodos anticonceptivos de sus empleadas, incluyendo métodos que provocan el aborto, y lo saludamos como lo que es: una victoria de la libertad religiosa y de conciencia.
González Montes se ha expresado con claridad y valentía, ha dicho que la sentencia supone una «violación de los derechos fundamentales», y que «nadie me puede obligar a otorgar la venia religiosa para enseñar Religión».
Pero no tanto la esperable reacción del purpurado como la propia sentencia, emitida por el Juzgado de lo Social número 1 de Almería, ofrece un pequeño resquicio de lo difícil, por no decir imposible, que va a resultarle a la Iglesia a medio y largo plazo mantener su libertad en un régimen que, más que aconfesional o incluso laico, impone de hecho una ‘religión de Estado’ que, sin embargo, evita ese nombre, y que se extiende y consolida más allá de nuestras fronteras.
La presión para que los católicos ‘pasen por el aro’ y acepten una concepción de la realidad social incompatible con su fe se está dejando sentir desde los Países Bajos, donde los hospitales católicos pueden perder financiación si se niegan a aplicar la eutanasia, a otros donde es penalmente sancionable que un sacerdote recuerde la doctrina cristiana sobre la sodomía. En nuestro país, las nuevas leyes de género, que obligan a afirmar una falsedad cuando imponen la obligación de considerar mujer a un varón o varón a una mujer si el sujeto así se identifica, prometen ser una inagotable fuente de conflictos jurídicos.
Pero la sentencia y su desafío también llaman la atención sobre otro aspecto sobre el que nuestra jerarquía prefiere pasar de puntillas o ignorar totalmente: el enorme grado de dependencia de la Iglesia con respecto al poder civil y la dificultad, si no imposibilidad, de actuar eficaz y valientemente en su misión pastoral en estas condiciones.
La asignatura de Religión, que se ha convertido para la CEE en una especie de «cuestión no negociable» o, aún peor, cuestión permanentemente negociada, expone una situación especialmente delicada, ya que el plan de estudios es responsabilidad de un Gobierno laico, como lo es el pago de los salarios de los profesores.
Y si es fácil para un creyente ver cómo en este y otros muchos casos similares se da un ejemplo clamoroso de falta de idoneidad en la profesora, también lo es para el estamento político argumentar que se trata de un caso de discriminación y que la vida privada de la profesora es eso, privada y ajena a su capacidad para impartir la asignatura.
Y doña Resurrección tendría más razón que un santo si la Religión fuera eso que pretenden los obispos que sea, una asignatura en lugar de ser catequesis, que es de lo que se trata. Aquí ya hemos mencionado que la formación cristiana de los hijos debería ser responsabilidad de sus padres y de los catequistas en quienes ellos confíen, y que la existencia de la asignatura de Religión actúa como coartada para librarse de esa obligación y, como vemos una vez más, herramienta de presión intimidatoria sobre la jerarquía.
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«El obispo de Almería se niega a readmitir a una profesora de Religión despedida, pese a los tribunales».
Excelente decisión. Muy bien por el Sr. Obispo. Que el Espíritu Santo lo siga iluminando.
Excelente el obispo, no hay que separar Misericordia de la Verdad y del recto actuar, como quieren hacer algunos. Las cosas claras.
El obispo de Almería está en su derecho a no readmitir a la profesora, dado que, como todas las sentencias similares, el Juzgado habrá condenado al Obispado a readmitir a la profesora en el centro escolar o, subsidiariamente, a indemnizarla por despido improcedente, siendo ésta última la opción escogida por el Obispo.
Creo que es una OBLIGACIÓN del Sr. Obispo despedir a esta profesora y un DERECHO de los padres que elegimos educación católica para nuestros hijos que el profesorado de esta materia cumpla unos REQUISITOS MÍNIMOS indispensables para impartir clase de religión, como vivir coherentemente con la Fe que se enseña.
Excelente decisión del obispo de Almería. Si la final hay que pagar indemnizaciones a los profesores, se les pagan, pero una sentencia no se puede obligar al obispo a que acepte como apto a quien no lo es.
¿Acaso en la enseñanza de la Religión esa mujer era indocumentada o enseñaba con falsedad?
Ella no era divorciada sino él. Yo mismo (que soy Católico) y divorciado, estoy casado por lo civil con una esposa católica desde hace treinta años y llevo cuidándola en un avanzado estado de enfermedad (Alzheimer) desde hace tres años. Los argumentos que se alegaron para negarme la anulación matrimonial (CUANDO EN ESPAÑA AUN NO EXISTIA EL DIVORCIO), se podía resumir en «económicos».
Al derecho canónigo, a veces hay clérigos que le disparan a la Paloma que representa el Espíritu Santo con escopeta de postas.
Mi respetado Sr. Montero : Le recomiendo que siga empeñado en hacer las máximas obras de caridad con su ESPOSA y con otras personas, pero someto a su consideración que una persona que se divorcia y luego se une civilmente a otra mujer, está negando la santidad del sacramento del matrimonio y luego vive en concubinato. Por tanto no es posible que una persona con estas condiciones pueda enseñar de forma fehaciente la doctrina de la Iglesia católica. No dudo que Vd. se proclame católico y por eso se dará cuenta de que su posición de Divorciado + Unión Civil = Estar en contra de las Leyes Eclesiasticas + separado de recibir determinados sacramentos, en tanto no regularice su situación. Si le he ofendido, le pido perdón, pero lo que le digo es la verdad, pura y dura, y no se moleste en contestarme, que no me va a convencer. A todos Dios nos manda muchas cruces y creo que una de las mas penosas es el «Fracaso Matrimonial», pero le recomiendo que regularice su situación y acepte su cruz.Animo
Puigdemont y millones de catalanes incumpliendo la ley: malo. La ley hay que cumplirla siempre.
Un obispo incumpliendo la ley: bueno. La ley hay que incumplirla cuando nos parezca injusta.