La ley ‘mordaza’ de Podemos empieza a hacer aguas. Esta proposición, redactada íntegramente por colectivos LGTBI, contiene partes del articulado que vulnerarían derechos fundamentales y que, como ha denunciado Ciudadanos, podría incluso ser declarada inconstitucional.
(La Gaceta)– Uno de los puntos más polémicos de la norma, cuya admisión a trámite fue aprobada este martes con la abstención del PP y la única oposición de dos parlamentarios de UPN, es la creación de una agencia estatal encargada de imponer sanciones administrativas. Este organismo, que actuaría como juez y parte, tendría la capacidad de multar a medios de comunicación, administraciones, partidos políticos o particulares si consideran que han cometido un delito homófobo.
UPN, PP y Ciudadanos han denunciado la arbitrariedad de esta agencia. Una especie de tribunal inquisidor que queda fuera del sistema judicial y que estaría integrado por miembros de los lobby LGTBI. Ante las críticas suscitadas, Unidos Podemos está sopesando la posibilidad de eliminar las sanciones, algo que no ha gustado a la comunidad transexual.
La Plataforma Trans ha pedido a la formación que mantenga estas multas por delitos de LGTBIfobia que contempla el proyecto de ley para, han asegurado, evitar las agresiones al colectivo por motivo de orientación e identidad.
En un comunicado, la Plataforma Trans ha señalado que le ha causado “sorpresa y estupor” el anuncio de Podemos de la posible retirada de las sanciones administrativas “ante la presión de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información”, que las consideraba un “grave atentado que calificó de un supuesto inconstitucional“.
La Plataforma ha insistido en que la imposición de estas sanciones es una “reclamación histórica y justa de las personas LGTBI”, para sentirse protegidos, ya que las personas trans son “las más vulnerables a estas agresiones en todos los ámbitos y formas”.
En este sentido, Livan Soto, asesor jurídico de la Plataforma ha manifestado que “promulgar las agresiones o el odio por cualquier medio, no es libertad de expresión” y ha indicado que una ley antidiscriminatoria sin sanciones administrativas por estas cuestiones “es una ley que nace con fecha de caducidad”.
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El exceso de libertad y respeto de nuestros pueblos democráticos ha hecho que se le suba los humos a la comunidad lgtb al punto de querer pisotear la libertad de los demás.
Si verdaderamente la motivación de su agenda es el abuso y la discriminación que sufren, pues deberían ir a luchar por sus derechos al medio oriente donde el colectivo lgtb verdaderamente sufre mortal persecución en medio de los musulmanes.
Acá tienen plena libertad, hasta pueden hacer mariconadas publicas y a mas de escandalizar no pasa nada y aun así joden la vida.
El fin último de esa perversa ley consiste en terminar de descristianizar por completo a la sociedad española. Se trata, en definitiva, de lo de siempre: Destruir el Catolicismo en España. No lo conseguirán, se pongan como se pongan. España pertenece a Cristo.
En realidad, creo que el catolicismo está ya prácticamente destruido en España.