Después de que el pasado junio el presidente luso Marcelo Rebelo de Sousa vetara la ley promovida por el marxista Bloque de Izquierda, el parlamento ha aprobado una nueva versión de la normativa.
El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, vetó el pasado junio la ley que permitía los vientres de alquiler y pidió al Parlamento una nueva norma que incluyera las recomendaciones del Consejo Nacional de Ética para las Ciencias de la Vida (CNECV).
En un comunicado remitido al Parlamento, el jefe del Estado luso aludió a la valoración realizada por el CNECV, en la que se alertaba de que en el decreto “no están salvaguardados los derechos del niño al nacer y de la mujer gestante, ni se realiza el marco adecuado del contrato de gestación”.
Entre ellos, destacaba los términos de la revocación del consentimiento de la gestante, la previsión de disposiciones en caso de que ocurran malformaciones o que se interrumpa el embarazo y la no imposición de restricciones de comportamiento a la gestante.
‘Visto bueno’ del presidente
Tras el visto bueno de Rebelo, el gobernante Partido Socialista (PS), el marxista Bloque de Izquierda (autor de la iniciativa), el partido PAN, los verdes y 20 diputados de la oposición centro-derechista del Partido Social Demócrata (PSD) han aprobado una nueva versión de la normativa que incluye las alteraciones que Sousa demandó en el texto original de pasado mes de junio.
«La promulgo, obviamente», ha dicho este miércoles Rebelo de Sousa, quien había vetado el proyecto original el pasado junio por dudas legales. Cabe recordar que opusieron a la regulación de los vientres de alquiler el democristiano del CDS-PP, los ortodoxos del Partido Comunista de Portugal (PCP), la mayoría de los diputados del PSD y dos del PS. El CDS-PP, el partido más a la derecha en Portugal, alegó su voto en contra por la falta de debate público sobre la materia.
Esta nueva ley regula el uso de los vientres de alquiler por parte de mujeres sin útero o con algún problema que les impida quedarse embarazadas y establece que no podía existir ningún tipo de remuneración por esta práctica. Esta ley debe pasar por la criba de Marcelo Rebelo de Sousa, aunque, dadas las alteraciones introducidas, ya anunció que no la sancionará, por lo que entrará en vigor en poco tiempo.
La Constitución portuguesa otorga al jefe del Estado la capacidad de «veto absoluto» a las leyes aprobadas directamente por el Gobierno y «veto relativo» a las normas avaladas por el Parlamento. En este caso, el Parlamento puede volver a aprobar la misma ley sin realizar cambios y el presidente estaría obligado a promulgarla en ocho días, a menos que decida enviarla al Tribunal Constitucional.
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