Desde 1998 existe un intergrupo parlamentario dirigido por la Federación de Planificación Familiar Estatal y formado por diputados y senadores que intentan introducir en la legislación española los llamados «derechos sexuales y reproductivos».
La Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE) es una organización cuyo objetivo es la extensión de los llamados «derechos sexuales y reproductivos». En el desarrollo de su labor la organización incide en la anticoncepción, el acceso al aborto, la educación sexual de niños, jóvenes y adolescentes, la prevención del VIH y la realización de estudios sobre género.
FPFE es miembro de International Planned Parenthood Federation (IPPF), una organización que trabaja en 170 países y promueve los métodos anticonceptivos y la legislación del aborto. De esta federación de ámbito internacional también es miembro Planned Parenthood Federation of America, el gigante del aborto estadounidense que ha sido acusado de traficar con órganos humanos y de vender los órganos de los fetos descuartizados en las clínicas abortistas que dirige.
Planned Parenthood en España, sin embargo, no tiene clínicas abortistas, sino que centra gran parte de sus esfuerzos en incidir en el ámbito político y ejercer de grupo de presión. Así lo confirmó Estela Buendía, miembro de FPFE, ante los políticos presentes en la Comisión de Salud del Parlamento de Navarra el pasado viernes y así viene recogido en la web de la organización que entre sus objetivos prioritarios señala: «Presionar a los poderes públicos para que se adopten las medidas necesarias para garantizar la salud y los derechos sexuales y reproductivos».
Esta organización ejerce una importante influencia en las administraciones públicas españolas. Trabaja y colabora con el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Empleo, la Generalitat de Cataluña, la Xunta de Galicia, el gobierno de Castilla-La Mancha, el Ayuntamiento de Albacete y tiene acuerdos y convenios con la Consejería de Sanidad de la Junta de Extremadura y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, según informa su presidente. FPFE también tiene conciertos con el Instituto de la Mujer a nivel estatal y con las subvenciones que recibe del Estado español financia una línea 900 a la que acuden sobre todo jóvenes.
Asimismo, desde 1998, el Congreso de los Diputados cuenta con un intergrupo parlamentario que, según asegura Buendía, «siempre ha sido llevado de la mano» por FPFE. Este intergrupo está formado por parlamentarios de todos los grupos políticos y se encarga de vigilar que el Estado cumpla los acuerdos de Beijing y El Cairo en relación a los «derechos sexuales y reproductivos».
Desde hace veinte años, Planned Parenthood en España se encarga desde el Congreso de los Diputados y el Senado de incidir en las políticas públicas del Estado español. FPFE tiene el control de la secretaría técnica del Intergrupo Parlamentario Español sobre Población, Desarrollo y Salud Reproductiva formado por diputados y senadores de todos los signos políticos.
La financiación procede de la ONU
Este intergrupo de nivel estatal que funciona con el Congreso y el Senado está financiado por el Fondo de Población de Naciones Unidas, según confirma el presidente de FPFE.
Desde FPFE informan que el intergrupo «es bastante activo» y cuenta con reuniones bimensuales. La organización se encarga, asimismo, de formar a los parlamentarios en «derechos sexuales y reproductivos» para que sean ellos los que presenten propuestas a nivel local e internacional que garanticen, entre otros objetivos, el acceso a los servicios de salud- aborto y anticoncepción incluidos- de las mujeres.
Uno de los últimos actos en los que ha participado este intergrupo ha sido la Comisión sobre Población y Desarrollo de Naciones Unidas. Durante la comisión, la senadora Claudia Massó i Fontàs intervino para reivindicar “el acceso de las mujeres a toda la gama de productos de salud sexual y reproductiva, sus servicios, información y cualquier clase de producto para poder evitar los embarazos no deseados”.
Este es el tipo de actividad que desarrolla este intergrupo que lleva veinte años intentando ejercer su influencia en las políticas públicas del Estado español. La filial de Planned Parenthood en España también dirige intergrupos parlamentarios en el ámbito regional: Cataluña, País Vasco y Andalucía. Ahora FPFE intenta formar un intergrupo en el Parlamento de Navarra y así lo solicitó en la Comisión de Salud de este parlamento del pasado viernes.
Interior retira la calificación de entidad de «utilidad pública»
FPFE fue sancionada por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid en octubre de 2015 por financiarse ilegalmente con publicidad ilícita. La Consejería impuso una sanción administrativa a FPFE tras conocer- por una denuncia presentada por la asociación Abogados Cristianos- que se había financiado con publicidad ilícita de fármacos.
Esta sanción supuso que el Ministerio del Interior decidiese revocar la declaración de entidad de «utilidad pública» con la que esta organización se había visto agraciada tan sólo un mes antes. Interior justificó su decisión afirmando que FPFE había ocultado al ministerio la sanción administrativa.
«Es una medida contradictoria porque nuestra organización ahora mismo ejerce de secretaría técnica del intergrupo en el Congreso y en el Senado en los temas relacionados con los acuerdos de España en materia de igualdad, de salud sexual y reproductiva», ha denunciado el presidente de FPFE, poniendo de manifiesto la influencia de la organización.
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Por si faltaba algo, ya se encargarán estos de hundir a España en la miseria. O sea que ¿todos los grupos parlamentarios saben de esto… y participan…?
¡Dios mío, que país!
Que la mediocridad intelectual se da la mano con la mediocridad moral en el parlamiento español es algo que a estas alturas no debería ser ya ni noticia.