| 23 diciembre, 2015
Los adjudicatarios firmaron una declaración en la que manifestaban encontrarse al corriente de pago de sus obligaciones tributarias. Uno de los adjudicatarios debe a Hacienda más de 2 millones de Euros y el concurso, ya en litigio, podría ser anulado.
El consejo de ministros aprobó el pasado 16 de octubre la concesión de varias licencias para la emisión de canales de Televisión Digital Terrestre (TDT). Entre las adjudicatarias de canales en alta definición se encontraban el Real Madrid, Atresmedia y Mediaset, mientras que los canales en calidad estándar, más valiosos por su mayor cobertura y menor coste, recayeron en la Conferencia Episcopal, Radio Blanca (Kiss FM) y un grupo de comunicación hasta el momento desconocido para muchos españoles: Secuoya, que había obtenido contratos millonarios de las televisiones autonómicas gestionadas por el PP.
Secuoya no concurrió al proceso por sí misma, sino a través de una sociedad participada al 100%, Central Broadcaster Media. Raúl Berdónes, presidente del Grupo Secuoya, se felicitaba en una carta a sus accionistas en la que aseguraba que «con este hito, Secuoya se consolida como uno de los Grupos audiovisuales más relevantes del sector en España, pasa a ser la única productora de televisión con un canal de TDT en abierto. De esta manera Secuoya entra a formar parte del Grupo de propietarios de canales TDT donde ya están grupos cotizados en España como Atresmedia, Mediaset y Vocento».
Según ha podido confirmar DIRCOMFIDENCIAL, esa alegría podía acabar pronto. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha cumplido su reiterada amenaza de publicar la «lista de morosos», y ésta contiene una sorpresa para el sector de la comunicación. En su página 79 aparece como deudora la sociedad «Secuoya Grupo de comunicación SA» con CIF A-18859520 y con una deuda con la Agencia Tributaria de 2.295.238,46 €.
El pliego del concurso de canales contiene una «declaración responsable» que debieron aportar firmada quienes optaron a un canal de televisión. En ella, quien concurre manifiesta «hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes». Si bien es cierto que la sociedad deudora frente a la Agencia Tributaria no es Central Broadcaster Media sino su matriz, Secuoya, que la participa al 100%, la doctrina del levantamiento del velo lleva al legislador a analizar la titularidad real de la optante.
En este momento cualquiera de los optantes que no fueron agraciados con un canal de televisión podrían impugnar el concurso por haberse otorgado el canal de televisión a Secuoya. Según ha podido saber DIRCOMFIDENCIAL, el Grupo Prisa ya tiene abierto un procedimiento contencioso-administrativo contra la resolución del consejo de ministros, aunque está fundado en el incumplimiento, por el gobierno, de las directivas europeas, y que podría dejar sin efecto la totalidad del concurso de TDT.
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