Tal y como denuncia la Iglesia en el país, las autoridades locales han puesto en marcha un proyecto de “conservación y gestión” de las propiedades de los que se han visto obligados a «huir del infierno». La cruel persecución contra los cristianos en Siria ya se ha cobrado la vida de miles de personas, y los que han conseguido escapar del terror de los yihadistas del Estado Islámico afrontan la pérdida de todos sus bienes. Así lo han denunciado los obispos católicos y los líderes religiosos de las comunidades cristianas presentes en el país, que se han opuesto públicamente al nuevo proyecto de las autoridades locales sirias que pretenden confiscar los bienes a los refugiados. Mediante la creación de un proyecto denominado de «conservación y gestión de las propiedades de los emigrantes», las fuerzas políticas kurdas de la provincia noreste de Hassaké están arrebatando sus tierras a los cristianos sirios que se han visto obligados a huir como refugiados y escapar así de las torturas y los asesinatos cometidos por los terroristas del ISIS. La dramática situación de los cristianos en Oriente Medio alcanza de esta forma su punto álgido. Las familias cristianas se enfrentan a una difícil decisión: o huir de las atrocidades del fundamentalismo islámico y perder sus bienes, o quedarse en su tierra y afrontar la muerte. Asimismo, se hace cada vez más crítica la situación de los refugiados sirios ya que el retorno a sus países de origen es un objetivo cada vez más lejano y difícil. Gran parte de los refugiados que ahora llegan en masa a Europa procedentes de los países en guerra ya no tendrán forma de volver a su hogar si no es para comenzar de cero. Por este motivo, el arzobispo Jacquies Behnan Hindo, cabeza de la archidiócesis siro católica de Hassaké-Nisibi, ha firmado junto con otros líderes religiosos una declaración en la que condenan, como un ataque a los derechos fundamentales, el «derecho autoproclamado» de las autoridades locales para confiscar y administrar los bienes y propiedades de los sirios que se han escapado junto con sus familias del conflicto armado. La creación de órganos de control de los bienes de los emigrantes, denuncia la Iglesia siria, no es más que un intento de intimidar a los cristianos y obligarles a no regresar a sus hogares cuando el 30% de las tierras y los bienes de las zonas rurales pertenecen a personas de confesión cristiana. A esta medida se le une un aumento arbitrario de los impuestos y del recorte de libertades en materia educativa para los centros dirigidos por cristianos. Pero la persecución de las autoridades locales se queda en una anécdota al compararse con la crueldad con la que los terroristas del Estado Islámico persiguen a los cristianos en Siria e Irak. Las torturas y los asesinatos se suceden mientras líderes religiosos como el Patriarca de Antioquía, Ignacio Youssif III Younan, denuncian que los cristianos se ven obligados a huir “del infierno» en el que se ha convertido el lugar al que antes llamaban hogar. A las denuncias de los líderes cristianos de la región de Hassaké han respondido los representantes del Partido Unión Democrática (PYD), sigla política kurda vinculada al PKK, según los cuales la gestión y la protección de la propiedad de las personas que han huido tiene como objetivo prevenir precisamente que se produzcan apropiaciones abusivas por parte de individuos privados.
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