El juez que investiga el caso de los presuntos pederastas de la Archidiócesis exige al arzobispo de Granada que entregue, en tres días, toda la documentación que tiene su poder, y le advierte de que si no lo hace será acusado de un delito de desobediencia a la Autoridad Judicial y denegación de auxilio a la Justicia.El magistrado Antonio Moreno, titular del Juzgado de Instrucción 7 de Granada, ha puesto las cosas claras, negro sobre blanco, al arzobispo de Granada, Javier Martínez en un auto que ha emitido hoy y al que ha tenido acceso Confilegal
En el mismo, le dice que tiene que entregarle las declaraciones y los interrogatorios realizados a los implicados en este asunto así como el informe que la Iglesia realizó y que forma parte de la investigación interna que se llevó a cabo, todo lo cual está contenido en el llamado expediente canónico.
El juez Moreno advierte también al arzobispo Martínez que no va a pasar ni una y que si le miente, le avisa de que puede incurrir en falsedad. Por ello, tiene que probarle, si es el caso, que no tiene en su poder la documentación que le exige, y para ello, debe mandarle copia autenticada del decreto de avocación emitido por la Congregación para la Doctrina de la Fe, la fecha y su decreto aceptando la avocación.
La avocación es una figura por la que un órgano jerárquicamente superior asume el ejercicio de una competencia quitándoselo al órgano titular, que es inferior.
El magistrado Moreno le requirió al arzobispo, el pasado 7 de mayo, la documentación a través de una providencia.
El religioso al juez le contestó que quien tenía toda la documentación es la Congregación para la Doctrina de la Fe, “que es la instancia canónica a la que le corresponde conocer lo relativo a este asunto”, como establece la Constitución Pastor Bonus.
La Congregación para la Doctrina de la Fe tiene sus cuarteles generales en la Ciudad del Vaticano, Roma.
El arzobispo de Granada le dice también al juez, en su respuesta escrita, que si tuviera que responder a lo que le solicita, “podría estar violando varias normas canónicas y civiles”.
Martínez cita el secreto pontificio, al que está obligado, y del que sólo le puede liberar el Papa. Asimismo, el arzobispo afirma que, de hacerlo, podrían “verse afectados” y “estar violando” los acuerdos Iglesia-Estado, “así como otros derechos fundamentales” recogidos en la Constitución Española.
Él estaría dispuesto –dejando de lado el secreto pontificio- a entregar las “comunicaciones o declaraciones” hechas por los implicados, siempre y cuando sus autores, “preguntados expresamente por ello, manifiesten por escrito que no tienen inconveniente en que sus comunicaciones puedan ser puestas a disposición de los jueces y hechas públicas”.
El juez Moreno muestra su contundencia contra los argumentos del religioso en el auto: “Escudarse ahora, después de más de seis meses en la competencia de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que si tiene funciones de juzgar canónicamente, pero no siempre de instruir, supone indiciariamente una evidente muestra negativa a cumplir y colaborar con las autoridades civiles, o de ocultación, cuando se han constatado que los hechos objeto de investigación tienen una gran trascendencia y gravedad en sí mismos, por aparecer, además, como implicados representantes de confesión religiosa, pudiendo tratarse de actuaciones en las que los implicados, lejos de ser los garantes de los principios religiosos proclamados por dicha confesion y su más Alto signatario, se podrían haber convertido en sus transgresores”.
El arzobispo de Granada, Javier Martínez, tiene tres días, a contar desde hoy, para responder a la Justicia.
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Que un juez pueda inmiscuirse en asuntos internos de la Iglesia es una violación contra las normas canónicas. Es una exigencia de una gravedad suma contra la Iglesia. Según esta exigencia, cualquier juez podría exigirle a cualquier cura que quebrantara el «secreto de oficio» y finalmente el «secreto de confesión». ¡Me parece aberrante!
Y la historia poco clara.
Y una vez mas el Opus Dei por en medio, mira por donde…
No se ha qué viene seguir protegiendo el clan de los Romanones
¿Es qué no se da cuenta el Sr. Obispo del daño que hace a la Iglesia no combatir con todos los argumentos de la ley a los pederastas?
¿No entendió bien las directrices de Benedicto XVI a ese respecto?
¿Es qué se puede entender que un obispo se escude en el derecho canónico antes que en la moralidad?
¿Por qué tarda tanto el Papa en mandar a este señor a escardar cebollinos?
Aquí no se está defendiendo el secreto de confesión, sino el de un procedimiento cuyo máximo responsable (tanto el Papa actual como el anterior) ha dicho con claridad y rotundidad que hay que poner a los culpables a disposición de los jueces. ¿A quién pretende defender? A la Iglesia católica, desde luego, no.
Me temo que es un ejemplo que nos avergüenza a los católicos.
La Justicia en Espàña no necesita pedir permiso a la Iglesia para procesar a ningún clérigo, por lo tanto tampoco la Iglesia debe estar obligada a revelar el resultado de sus indagaciones internas para corregir el comportamiento denunciado de alguno de sus miembros, y establecer lo que proceda en relación con la situación religiosa del denunciado y sus funciones pastorales.
Podría darse el caso que la justicia civil no condenara al acusado y sin embargo la Iglesia mantenerlo apartado de sus funciones pastorales como consecuencia de su propia investigación.
Por lo tanto que el Juez haga su trabajo y trate de aportar pruebas con sus medios, que permitan condenar a los acusados, y deje a la Iglesia que resuelva sus asuntos religiosos.