La Sanidad mexicana obligará a mujeres y adolescentes que acaben de tener un hijo a usar el DIU u otros métodos de «planificación familiar». No tener que cubrir los gastos sanitarios en maternidad. Ese es el objetivo que persiguen las autoridades sanitarias con la nueva medida que pretenden llevar a cabo, según la cual todas aquellas mujeres que acaben de tener un hijo deberán comprometerse a utilizar algún método de «planificación familiar». «De no hacerlo, buscaremos la manera de que la mujer se haga responsable del pago del parto», declaró Rogelio Vázquez Cavazos, jefe de Ginecología y Obstetricia del Hospital General. «Toda embarazada deberá traer firmado un compromiso, en el que autoriza a salir del hospital con un método de anticoncepción, que no deberá ser ni pastillas ni inyecciones, para que funcione la planificación familiar». Desde que el Seguro Popular cubrió de forma gratuita partos naturales y cesáreas, el número de embarazos ha aumentado un 40% en México. Un dato que parece desagradar a los responsables sanitarios, hasta el punto de atreverse a imponer el uso de métodos anticonceptivos que no dependan de la voluntad de la mujer. Por esta razón, se considerará como método válido el DIU, que una vez colocado actúa impidiendo la anidación del óvulo fecundado en el cuerpo de la mujer, incluso provocando abortos y embarazos de alto riesgo, pero no el uso de pastillas ni inyecciones, ya que dependen de la voluntad diaria de quienes las utilizan. «Nos apoyamos en los médicos familiares para que al venir al hospital lleguen con ese compromiso firmado y no se ‘embaracen’ en corto tiempo, ya que muchas en menos de un año vienen con un hijo en brazos y un embarazo avanzado», comentó Vázquez Cavazos. Ante estas declaraciones no se da ningún argumento que valide tales acciones que violan la libertad de elección que tienen las parejas para ejercer una paternidad responsable, únicamente se menciona la «ventaja» de reducir los costes que implican los embarazos en el sector sanitario. También se pretende «trabajar» con los padres de las menores de edad, para que acepten imponer el uso de este tipo de anticonceptivos a sus hijas y «evitar así los embarazos no deseados en adolescentes». Amparándose en este fin, las autoridades sanitarias mexicanas, a través del Programa de Prevención de Embarazos en Adolescentes, se han atrevido incluso a meterse en las aulas de niños de entre 10 y 12 años para promover los métodos anticonceptivos.
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