Se les acusa de incumplir las leyes de confidencialidad al dejar los historiales médicos -privados- de las mujeres en la basura. Historias clínicas, facturas e informes médicos con nombres y apellidos que identifican a la paciente tratada en bolsas de basura y al alcance de cualquiera. Agujas hipodérmicas ensangrentadas, DIUs, herramientas médicas punzantes y usadas, vendas y gasas manchadas con residuos biosanitarios… Todo, para que lo recoja un trabajador de los servicios de limpieza ordinarios, poniendo en peligro su integridad física. Y restos humanos -minúsculos pero perfectos manos y pies- en contenedores de la calle, informa Gaceta.es Son algunas de las infracciones presuntamente cometidas por numerosos centros abortistas en Madrid y otras ciudades de España y denunciadas por plataformas como La Vida Importa o Asociación Española de Abogados Cristianos ante el Ministerio de Interior y la Guardia Civil. Hay pruebas circulando: facturas reales, nombres de mujeres que han abortado e imágenes explícitas del contenido encontrado en las bolsas de basura que las clínicas dejan en la calle. Los denunciantes acusan a las clínicas de delito de descubrimiento de Secreto Profesional, estafa -por facturar con sobreprecio las intervenciones que realizan-, y poner en riesgo la salud pública -por la inobservancia de las leyes de tratamiento de residuos clínicos-. Este miércoles comenzaban a desfilar ante la justicia los acusados. Ante el juzgado de Instrucción número 11 de Madrid, los miembros de Callao, Dator, Pacífico y El Bosque respondían únicamente a las cuestiones planteadas por sus defensas y no a las de la acusación particular ni, después, a las de los medios de comunicación y negaban, claro, todos los hechos de los que la Asociación Española de Abogados Católicos les acusa: «que ocultan parte de su facturación para eludir el pago de impuestos, que inflan su cuenta de gastos de forma artificial para reducir sobre el papel sus beneficios y por ende la tributación, y que se deshacen de forma indebida de expedientes médicos con datos personales y de residuos biosanitarios peligrosos». A la espera de que la Justicia determine la inocencia o culpabilidad de las clínicas denunciadas, el escenario que describen -y no sólo de palabra, también con pruebas- los denunciantes, es el de un lucrativo negocio en el que la mujer no ocupa, ni mucho menos, el centro: los denunciados, que también lo han sido ante la Agencia Española de Protección de Datos -por presuntamente deshacerse indebidamente de información sensible de las mujeres a las que han atendido- y ante la Consejería de Sanidad -por presuntamente poner en peligro la salud pública, arrojando a la basura ordinaria todo tipo de residuos biosanitarios peligrosos- podrían haber incurrido en delitos que concluyan en el cierre de su actividad. Las prácticas presuntamente irregulares en los centros abortistas son un secreto a voces -como reveló el documental emitido por Intereconomía- y contra el que nadie, hasta ahora, ha hecho nada. Así se aborta en España:
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