El Arzobispado de Burgos niega que se hubiera recomendado a los padres de la entonces menor de edad acudir a un exorcista.
La juez instructora del caso de la joven burgalesa que fue sometida a varios exorcismos tras un intento de suicidio, ha llamado a declarar como imputados al sacerdote que practicó los exorcismos y al catequista de la entonces menor de edad. Los imputados han sido llamados a declarar para investigar si la joven fue víctima de un delito de «violencia de género, lesiones y maltrato familiar» y aclarar quiénes son los responsables de los hasta 13 exorcismos que se le practicaron. En el caso de que fueran los padres, se consideraría el delito como «maltrato familiar». El sacerdote imputado es el exorcista oficial de la diócesis de Valladolid, Jesús Hernández Sahagún, responsable al parecer de los rituales de exorcismo. Este sacerdote sometió a la joven a más de una docena de exorcismos cuando ésta se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico y después de que hubiera intentado suicidarse. Los hechos se produjeron en el año 2012, cuando los padres de la joven, ante el extraño comportamiento de su hija y recomendados por un catequista y la profesora de Religión de la menor, decidieron llevarla a un exorcista en Valladolid. La joven tenía problemas de anorexia y frecuentes ataques de ansiedad, durante los que en ocasiones llegaba a realizarse cortes en las muñecas. Entre septiembre y noviembre del año 2012 estuvo ingresada en el servicio de psiquiatría infanto-juvenil del Hospital Clínico de Valladolid «por una sintomatología compatible con anorexia». Allí manifestó a los doctores que desde hace unos meses tenía «un demonio dentro, que es quien le engaña y motiva a hacerse daño». La finalidad de no comer «no es adelgazar sino autocastigarse», señalan en su diagnóstico los responsables sanitarios. Hace unos meses, los tíos de la joven, que ahora actúan como acusación popular, decidieron denunciar los exorcismos por considerar que habían producido un daño psicológico y físico grave a su sobrina. El Arzobispado de Burgos, por su parte, reconoció en una nota de prensa el pasado 5 de diciembre, que una menor burgalesa había sido sometida a varias sesiones de exorcismo en Valladolid, con un exorcista «legítimamente nombrado» por su obispo, tras un intento de suicidio. Sin embargo, se negaba haber recomendado a la familia que se practicaran exorcismos a la joven. En la nota también se indicaba que se había hablado con los padres de la joven y aseguraban que la decisión de llevar a su hija al exorcista fue «bastante posterior a su intento de suicidio». Otra de las declarantes ha sido la antigua profesora de Religión de la niña que, junto con el catequista citado ahora, pudieron mediar entre la familia, las autoridades religiosas y el exorcista de Valladolid.
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Conozco a un exorcista, hombre de oración, sacerdote, religioso, psicólogo, y muy versado en estos temas nada fáciles, al final no sólo sufren por el mal (posesión) sino que son ingratamentes pagados. Mi amigo, hombre sabio, esta misericordiado por su Obispo, un fumcionario de poca fe, pero de los que gusta al Papa Francisco. Esto es lo que hay, el demonio no sólo posee a veces, sino que logra acabar con el exorcista, a traves de los familiares, los medios o incluso los obispos. Amen.
NO entiendo nada. conclusión: que se denuncia a un sacerdote por realizar oraciones concretas (eso es un exorcismo) anteuna chica menor de edad y, presumiblemente, con sus padres (eso he entendido). Osea, ¿qué se le imputa? que haya rezado. Pues a partir de ahora ya sabemos que en España rezar está perseguido.
El sacerdote le hace difícil el trabajo al diablo, y el diablo le hace difícil el trabajo al sacerdote. Todo muy normal.
¿Qué tiene que ver un tribunal con esto? Exorcismos consisten en unas oraciones e invocaciones según un ritual aprobado por la Iglesia y el exorcista solo puede ejercer su ministerio con un nombramiento del obispo.
En España los tribunales son un desastre y funcionan a paso de tortuga. Un amigo fue secuestrado hace más de cuatro años y los secuestradores les sustrajeron una notable cantidad de dinero. Él trabaja de agente financiero. . La Guardia Civil ni investigó su denuncia y declaró que se autosecuestró. La Policía Nacional lo invitó a declarar en una Comisaría y estando allí lo detuvieron, lo metieron en el calabozo por 24 horas y lo llevaron ante un juez acusándolo de fraude y falsificación documental con una fianza de 10,000 euros. Bloquearon todas sus cuentas y las de los clientes a quienes servía. Le quitaron su coche. No ha podido trabajar. Gastó dinero en conseguir pruebas para demostrar su inocencia. El 28 de octubre el año pasado, casi cuatro años después de los hechos se celebró un juicio. Ya casi seis meses después no dictan sentencia y tienen un máximo de un año para dictar sentencia, y siguen bloqueadas las cuentas. No ha hecho nada y el caso no tiene ni pies y cabeza. Tiene que firmar en la Comisaría cada dos semanas. No puede trabajar.
En vez de atender denuncias ridículas y sin fundamento, algo tendrían que hacer para arreglar el desaguisado que es la Justicia (o más bien la injusticia institucionalizada) que hay en España.