Así lo ha declarado el obispo de Córdoba, invitando a los laicos cristianos a saltar a la «arena política» ante la proximidad de las elecciones andaluzas.
En su carta pastoral de esta semana, el obispo de Córdoba, monseñor Demetrio Fernández, ha asegurado que los políticos católicos y practicantes que dejan «un lado sus convicciones para mantenerse en una neutralidad», ofenden a la inmensa mayoría de la población. En su mensaje, el obispo de Córdoba ha hecho un llamamiento a los cristianos laicos a que salten «a la arena política» para poder llevar el Evangelio a la sociedad y no permitir que se excluya a Dios del orden social. «Por qué organizar la vida sin Dios, cuando la inmensa mayoría de los ciudadanos son creyentes», se pregunta monseñor Fernández en esta carta. Asimismo, el obispo ha expresado su asombro ante el hecho de que en un Estado aconfesional «se favorezca todo lo que va contra Dios o contra la religión católica». Ha acusado a los gobernantes de no saber asumir una «laicidad positiva, que considere la religión un bien social». «Parece que la única religión no respetable sea la católica», se ha lamentado monseñor Fernández. No hay que olvidar que hace unas semanas el prelado denunció la intención de la Junta de Andalucía de restringir sus visitas a los colegios de la región cordobesa y el acoso del Gobierno andaluz a la asignatura de Religión. El obispo de Córdoba también ha recordado que es la obligación de todo político, y más si se considera cristiano, defender la vida desde su concepción hasta su término natural. Tampoco puede olvidarse que una prioridad de cualquier gobierno debe ser atender a los más desfavorecidos. «Ánimo, queridos políticos», ha apostillado en su carta. Monseñor Demetrio Fernández también ha pedido que los fieles cordobeses celebren el Día de Andalucía rezando porque «desaparezca la corrupción en la administración pública». Y ha asegurado que todas sus reflexiones deben ser tenidas en cuenta por los fieles a la hora de ir a votar en las próximas elecciones. La publicación de la carta pastoral coincide con la apertura de una nueva causa contra la Junta de Andalucía derivada del caso de los ERE, por los avales concedidos a empresas, y la juez Alaya ha imputado a cuatro ex altos cargos de la administración andaluza.