El Supremo de EEUU permite el ataque a la libertad religiosa

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El tribunal se ha negado a escuchar el caso de dos farmacéuticos a los que el estado de Washington obliga a vender píldoras abortivas.

Después de ratificar el supuesto «derecho al aborto» y fallar contra una ley pro-vida de Texas, el Tribunal Supremo ha decidido mirar hacia otro lado ante la vulneración de la libertad religiosa de los farmacéuticos del estado de Washington.

El tribunal ha rechazado la apelación de dos farmacéuticos a los que el estado de Washington obliga a vender en su establecimiento la píldora del día después y otros fármacos abortivos sin que puedan acogerse a la objeción de conciencia.

El caso tiene como protagonista a la familia Stormans, propietaria de una farmacia en Olympia que lleva varios años luchando en los tribunales por su derecho a no violar su conciencia con la venta de fármacos que acaben con la vida de seres humanos.

Estos farmacéuticos denuncian que la ley estatal les obliga a vender píldoras abortivas cuando los clientes pueden obtenerlas fácilmente en farmacias cercanas. Su batalla legal les ha llevado hasta el Tribunal Supremo, que finalmente ha decidido rechazar la apelación.

La decisión del Supremo no ha sido, sin embargo, unánime. Los jueces Samuel Alito y Clarence Thomas, junto al presidente del tribunal John Roberts, se mostraron partidarios de escuchar el caso al considerar que la norma que impide a los farmacéuticos acogerse a la objeción de conciencia podría estar motivada por la hostilidad hacia las creencias religiosas.

La libertad religiosa, en riesgo

«Si esto es una muestra de cómo serán tratadas en los próximos años las reivindicaciones acerca de la libertad religiosa, los que valoran la libertad religiosa tienen un motivo de gran preocupación», ha asegurado el juez Samuel Alito.

En el año 2007, el estado de Washington aprobó una ley que impide a los farmacéuticos derivar a los clientes a otros establecimientos por motivos de conciencia. Cinco años más tarde, un tribunal federal sentenció que la ley era inconstitucional, pero finalmente la Corte de Apelaciones de Estados Unidos logró que la ley siguiera en vigor.

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